Un informe del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Guerrero reveló que 4 de cada 10 policías municipales no aprobaron los exámenes de control y confianza, por lo no que no son aptos para continuar en servicio.

El reporte detalla que, de los cuatro mil 500 efectivos que trabajan en los 81 municipios de Guerrero, sólo dos mil 590 aprobaron los exámenes de control y confianza que exige el Sistema Nacional de Seguridad (SNS), para poder continuar laborando dentro de este sector.

Para lograr la certificación, todos los elementos que trabajan el sistema de seguridad pública municipal, estatal o federal, requieren la presentación y aprobación de diversas evaluaciones como psicológicas, médica, toxicológica y del polígrafo.

Sin embargo, poco más de mil 900 agentes continúan laborando como policías municipales a pesar de no aprobar dichas evaluaciones, aunque sus actividades las llevan a cabo sin portar armas o son de carácter administrativo, debido a la incapacidad financiera de los ayuntamientos para darlos de baja como servidores públicos.

El informe también refiere que, dentro de la Policía Estatal, alrededor de 615 elementos no aprobaron las evaluaciones, mientras que otros tres mil 120 si lo hicieron, y en lo correspondientes a la Policía Investigadora Ministerial (PIM), 852 agente aprobaron, 319 no pudieron acreditar la evaluación y otros 116 están en espera de conocer sus resultados.

Aunque los ayuntamientos tienen como “obligación” el no armar a los elementos que reprobaron los exámenes de control y confianza, tal y como lo indica la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para el otorgamiento de la licencia colectiva 110, algunos municipios no cumplen con esa disposición, tal y como sucedió recientemente con la alcaldía de Ahuacuotzingo, donde cinco de sus policías fueron asesinados durante un robo, y los elementos portaban armas a pesar de haber reprobado sus exámenes.

En otros municipios como Iguala, Cocula, Teloloapan y Huitzuco de los Figueroa, sus corporaciones de seguridad pública se encuentran completamente desarmadas, derivado de las investigaciones que se llevaron a cabo por la desaparición de los 43 normalistas en septiembre del 2014, pero las labores de vigilancia están a cargo del ejército, policía federal y estatal.