Rubén Hernández
Los 8 detenidos en el operativo contra una red de trata de personas el fin de semana en el municipio de Tenancingo tienen proceso federal, sostuvo la titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Anabel Alvarado Varela, al dar a conocer que en esta ejecución el gobierno del estado estuvo informado y mantuvo comunicación constante del desarrollo de inicio a fin.
La funcionaria estatal refirió, “por supuesto corresponde a un tema federal que ellos están dando seguimiento, ellos informarán de acuerdo a la naturaleza del elemento”, expuso.
Y agregó, “es un operativo del que fuimos avisados, estuvimos informados, coordinados y en el que estuvimos en comunicación y en el que las investigaciones tienen su proceso en la instancia federal”, explicó.
Cabe hacer mención, que este operativo desarrollado la madrugada del jueves pasado por un convoy de decenas de elementos de las fuerzas federales a bordo de 20 unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la División de Investigación de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República (PGR), detuvieron en Tenancingo a 8 integrantes de una red de trata de personas y rescataron a 3 víctimas.
En este ejecución los elementos dieron cumplimiento a 8 órdenes de aprensión a 5 hombres y 3 mujeres, además del cateo correspondiente, derivadas de una investigación de una presunta red de trata de personas, integrada por una sola familia y del que permitió la liberación de 3 víctimas.
Los detenidos fueron Antonia “N” de 55 años de edad, Areli “N” de 22 años, Aquiliana “N” de 21 años, Oscar “N” de 21 años, Miguel “N” de 34 años, Santos “N” de 48 años, Lorenzo “N” de 60 años y José Daniel “N” de 58 años.
Es de mencionar que estas personas tras su detención fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público (MP), quien dará seguimiento a la investigación.
Asimismo recordar, que el municipio de Tenancingo es de los poblados que a nivel nacional mantienen denuncias penales y acusaciones constantes por ser centro de la trata de personas en el país, razón por la que es vigilado e investigado por las autoridades federales y de organismos judiciales como la Organización de Policía Internacional (Interpol) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).
