La destituida fiscal venezolana Luisa Ortega denunció en Brasilia “la muerte del derecho” bajo el gobierno “corrupto” de Nicolás Maduro, al que responsabilizó de cualquier percance que pueda poner en peligro su vida.

“En Venezuela ha ocurrido la muerte del derecho. La estabilidad de la región está en peligro”, dijo la exfuncionaria en una reunión con los fiscales generales de Sudamérica, que le dieron fuertes muestras de apoyo y la acogieron como “legítima fiscal general de Venezuela”, en palabras del fiscal de Brasil, Rodrigo Janot.

“No hay garantía de que en Venezuela alguna investigación relacionada con el crimen organizado, el tráfico de drogas y la corrupción tenga una condena, una sanción (…), porque lo más probable es que las pruebas que se recaben, pruebas que sean remitidas a Venezuela, sean desparecidas”, afirmó.

La funcionaria huyó a Colombia el viernes pasado, donde le fue ofrecido asilo. Caracas la busca por su supuesta participación en un esquema de corrupción y anunció que buscará su captura internacional vía Interpol.

Ortega se dijo determinada a dar una batalla global. “Seguiré luchando, seguiré recorriendo el mundo para denunciar lo que pase en Venezuela y denunciar la violación a los derechos humanos”, proclamó.

Denunció asimismo amenazas de muerte en su contra.

“Tengo amenazas que pueden atentar contra mi vida y hago responsable al gobierno venezolano si eso llega a ocurrir”.

En una conferencia de prensa posterior, Ortega aseguró disponer de “muchas pruebas” que implicarían en casos de corrupción a Maduro y varios de sus principales lugartenientes, como los miembros de la Asamblea constituyente Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, relacionados en particular con negociados de la constructora brasileña Odebrecht.

“En el caso de Odebrecht, hemos detectado que a Diosdado Cabello le depositaron 100 millones de dólares en una empresa denominada española (…), cuyos propietarios son sus primos”, detalló.