Dieciséis fiscales generales de varios estados y de la capital de Estados Unidos presentaron ayer ante la justicia una demanda que desafía al presidente Donald Trump y busca preservar el DACA, programa que protege de la deportación a inmigrantes llegados de niños al país.
La demanda argumenta que el gobierno viola una cláusula constitucional al discriminar a los jóvenes amparados por el DACA de origen mexicano, que representan 78% del total, así como los derechos a un debido proceso. También asegura que la decisión de eliminar el DACA, anunciada el martes, ha dañado a las economías, a las instituciones y a los residentes.
“La decisión del gobierno de Trump de terminar el DACA es cruel, inhumana y devastadora para 42 mil neoyorquinos que han podido salir de las sombras”, dijo a la prensa el fiscal general de ese estado, Eric Schneiderman, al anunciar la demanda.
“Por eso es que estamos llevando al gobierno de Trump a los tribunales para proteger a los dreamers
La demanda, liderada por los fiscales de Nueva York, Washington y Massachusetts, fue presentada por 15 estados, entre ellos Connecticut, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Vermont y Virginia, así como por el Distrito de Columbia, la capital, aunque no por California ni Texas, los estados con más jóvenes amparados por DACA. “California demandará al gobierno de Trump por una razón: nuestro estado es la sexta mayor economía del mundo debido en parte al éxito de esos más de 200 mil dreamers cuyas vidas se han puesto en riesgo por la decisión errada del presidente Trump”, dijo el fiscal californiano Xavier Becerra en un correo electrónico, sin dar mayores detalles.
La presidenta de la Universidad de California, Janet Napolitano, anunció que la red de 10 universidades en el estado, que tiene unos 4 mil jóvenes que carecen de estatus legal en EU, la mayoría beneficiados por el DACA, seguirá luchando por defender a sus estudiantes vulnerables.
Eliminar el programa a partir del 5 de marzo sume a 800 mil jóvenes inmigrantes en la incertidumbre. Trump asegura que la responsabilidad está ahora en manos del Congreso, dominado por su Partido Republicano, y que de éste depende aprobar en los próximos seis meses una ley que reemplace al DACA y fortalezca o no sus bases legales.
“Realmente creo que el Congreso quiere ocuparse del tema. Realmente lo creo, incluso miembros muy conservadores del Congreso”, dijo Trump ayer, confiado en que los legisladores llegarán a un acuerdo.
“Si podemos hacer que suceda algo vamos a firmarlo y vamos a hacer feliz a mucha gente”, afirmó. Y “si no lo hacen veremos lo que haremos”, acotó.
La bancada demócrata en el Congreso exhortó a la mayoría republicana a votar este mes un proyecto de ley que proteja permanentemente a los dreamers. “Si un proyecto de ley específico del Dream Act no es puesto a voto en septiembre, lo incluiremos en otros proyectos de ley este otoño hasta que se apruebe”, advirtió el jefe de la bancada demócrata en el Senado Charles Schumer. “Estoy seguro de que si se vota obtendrá apoyo de ambos partidos”.
Sin embargo, el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, emitió ayer un comunicado de 12 párrafos sobre sus prioridades legislativas en el que no mencionó el asunto migratorio. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, dijo que ve posible alcanzar una solución legislativa para este grupo de inmigrantes y exhortó a Trump a trabajar con los integrantes de la Cámara Baja para alcanzar una solución.
“Si nos llega aquí un proyecto de ley que se ha trabajado y tiene el apoyo del presidente estoy seguro de que nuestros miembros apoyarán eso”, dijo a reporteros tras una reunión a puerta cerrada de la fracción republicana. Pero Ryan también aclaró que cualquier solución debe tomar en cuenta también la seguridad fronteriza. “Las fronteras no están suficientemente controladas”, insistió.
Los gobiernos de México y del Triángulo Norte de Centroamérica —Guatemala, El Salvador y Honduras— pedirán de forma conjunta ante el Congreso de EU que mantenga el DACA.
Las protestas por el fin del DACA se repitieron ayer. En Nueva York 70 personas fueron detenidas por actos de desobediencia civil. Agencias
