Para nadie es un secreto la actividad controlada de la Cámara de Diputados. Se trata de un parlamento en el cual, por lo general, todo se arregla antes de ser presentado púbicamente. Incluso algunos de sus más sonados pleitos en la tribuna, son como las peleas del “Canelo”, arregladas desde mucho tiempo atrás.

La verdadera pugna de intereses, los cabildeos en cuyo contenido se esconden los intereses reales, el dinero y las negociaciones, se hacen en la Junta de Coordinación Política y cuando los asuntos son tan comprometedores para ventilarlos en ese espacio, se recurre a las entrevistas entre coordinadores y aun  presidentes de los partidos.

Así sucede, cuando no hay accidentes ni faltas de control como los recientes, con las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo o las negociaciones para la “glosa” del Informe.

Todo se “plancha”, todo se negocia, todo se aterciopela para dar una impresión de balance y contrapeso entre los poderes aun cuando se imponga casi siempre uno de ellos por encima del otro, previo premio por el buen comportamiento. En ese sentido la “casa del pueblo” es la “casa de los espejos” en la feria de la democracia mexicana, tan imperfecta y tan primitiva en algunas cosas.

Y quizá, cuando se presentan periodos de desconcierto y rijosidad, chantaje o desafío abierto, no hay un manual por cuyas instrucciones se puedan después aplicar linimentos o emplastos o cataplasmas sanadoras y muchas heridas se quedan abiertas.

“Nunca he visto – nos dijo el presidente de la mesa, Jorge Carlos Ramírez Marín, la mañana de ayer en Foro TV a Raymundo Riva Palacio y a este redactor–, una cámara tan enfrentada en la cual se estuvieran tocando los tambores de la guerra en vez de los tambores de la pacificación.”

Palabras más, palabras menos pero el presidente de la Cámara advierte de un ambiente poco propicio para la construcción  de acuerdos en un momento previo al inicio del análisis del presupuesto, con tofos los riesgos implicados en esa negociación, porque a pesar de las reglas o los modos tradicionales de operación, el reparto de los dineros es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y por tanto, zona fértil para favores o cobranzas.

La confrontación ocurrida a partir del día primero, con pretexto de la fiscalía automática y la celebrada victoria del más avanzado precandidato del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, presidente y electoral de esa organización, produjo la gran rechifla contra Marko Cortés, coordinador azul, quien orondo y ofendido se fue de la Sala de Plenos, a la cual volverá –en su momento–, como el Conde de Montecristo, sediento de venganza.

Presagio de la lucha electoral, dicen algunos. No; lucha electoral abierta en la cual el único de los precandidatos (candidato sin duda) capaz de abrirse camino, con actos políticos, no con declaraciones y convocatorias románticas o refranes, dentro y fuera de su partido, ha sido Ricardo Anaya.

Política real,  política dura, impía, cínica y cuando ha sido necesario, violenta.

Ese es su perfil para quien no lo conozca. Su botón para la muestra.

102

La “sociedad civil organizada”, pretende cambiar el artículo 102 de la Constitución Y lo hará presionando al Poder Legislativo, ni duda cabe. ¿Qué dice ese texto? Reproduzco únicamente la parte inicial, pues el artículo completo es muy extenso para este espacio:

“Artículo 102.

A.- El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

“Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso.

“El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente…”

1. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal.

“Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo…”

Las modificaciones sobre las cuales se asientan las peticiones (exigencias) de los grupos “organizados” de la sociedad civil, tiene una sola finalidad: sacar definitivamente del control del Ministerio Público al Ejecutivo Federal, sea quien  sea y convertir la fiscalía en una “cuota” para los “bienportados”.