El dato novedoso de la elección presidencial de julio del 2018 radica en el hecho de que la verdadera disputa por el poder estará en las elecciones legislativas para renovar las dos cámaras federales. Por cómo se presentan las tendencias electorales, los candidatos presidenciales encaran una división del voto en tres tercios, lo que indicaría que el próximo jefe del Estado podría gobernar con el 33% de los votos y dos tercios de oposición.

El dominio autoritario del presidencialismo priísta en este sexenio tuvo que ver con una votación de 38% para Enrique Peña Nieto en el 2012, pero con una bancada priísta promedio de 46% en las dos cámaras; las alianzas con el Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza le dieron al PRI el 54% como mayoría absoluta para hacer y reformar leyes, pero lejos del 67% de mayoría calificada necesarios para reformar la Constitución. Desde ahora se tienen datos que indicarían que no podría haber ya otro pacto por México de agendas legislativas.

La fuerza parlamentaria del PRI en el largo periodo 1988-2017 sin mayoría absoluta en la presidencia ni en el congreso radicó en la posición del PRI como primera minoría, su mayoría absoluta con alianzas con los partidos chicos y las dificultades para una alianza opositora legislativa.

Este escenario podría cambiar en la legislatura federal que comienza en septiembre de 2018. La alianza PAN-PRD-MC en el Frente Ciudadano por México está proyectado también para las elecciones legislativas y su propuesta de reforma de régimen incluye un semiparlamentarismo. El próximo presidente de la república –gane quien gane– tendrá un congreso no sometido y un PRI acotado.

Los sistemas parlamentarios funcionan mejor en modelos monárquicos que en presidenciales. Los riesgos de la parálisis son mayores en las relaciones del parlamento con presidentes de la república, como se ha visto, por ejemplo, en los EE.UU. y Francia. La propuesta de PAN-PRD-MC incluye una reforma del poder con la configuración de un jefe de gobierno formal, lo que implicaría en los hechos una división del poder presidencial entre el jefe del Estado y el jefe del gobierno, éste casi co-gobernando con el congreso.

Gane o pierda la alianza PAN-PRD-MC, de todos modos se prevé una coalición opositora en el congreso con una agenda legislativa de reforma de sistema/régimen/Estado. El asunto radica no tanto en prever desde ahora si se daría esa reforma, sino que el sólo hecho de presentar iniciativas de reforma implicaría ya la disfuncionalidad del modelo priísta de presidencialismo autoritario y dominante.

Los conflictos alrededor del nombramiento del nuevo fiscal general de la nación y del bloqueo legislativo del PAN-PRD-MC adelantaron el escenario: el PRI apenas tiene hasta hoy el 54% de curules, insuficientes para reformas constitucionales. De ahí que la disputa real por el poder en las elecciones presidenciales del 2018 estará en el dominio de las dos cámaras.

En las elecciones legislativas del 2015, el PRI apenas logró el 29% de los votos y sus 203diputados –40% de curules– se basaron en 155 victorias distritales y en votos para ganar 48 plurinominales. Para el 2018 se prevén menor distritales y menos plurinominales. Y una bancada menor a 40% implicaría un PRI sin mayoría absoluta porque sus aliados no sumarán el 11% necesario.

Gane quien gane la presidencia, el país podría gobernarse desde el parlamento.