El Parlamento catalán convocó un pleno para que el presidente de la región informe sobre la situación política actual, mientras que el delegado del gobierno español en Cataluña ofreció disculpas por la actuación policial el 1 de octubre durante el referendo secesionista.
El Parlament dijo que se convocó la sesión el martes 10 de octubre para que el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont informe “sobre la situación política actual”. Este jueves, el Tribunal Constitucional de España ordenó suspender un pleno previsto para el lunes en el que presumiblemente iba a debatirse una declaración unilateral de independencia.
El martes se publicarán además los resultados definitivos del referendo. Según datos publicados este viernes en el sitio web de la Generalitat el proceso tuvo una participación de 2,28 millones de personas -un 43 por ciento del padrón electoral- y el 90,18 por ciento votó por el “Sí”.
La policía española usó bastones y proyectiles de goma para frustrar el referendo, en una muestra de fuerza que dejó cientos de heridos, según funcionarios catalanes. El delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo, es señalado por el movimiento independentista como uno de los principales responsables de la violencia policial.
“No puedo más que lamentarlo y pedir disculpas en nombre de los agentes que intervinieron (…). Estoy muy triste, lamento profundamente haber llegado a esta situación (…) espero que podamos reconducir las cosas”, dijo Millo en una entrevista con la televisión catalana.
Pero Millo criticó al gobierno catalán y a su presidente, y dijo no haber encontrado apoyo para cumplir con el mandato judicial de impedir el referendo. “No he encontrado en mi interlocutor en la Generalitat de Cataluña una respuesta positiva que impidiese llegar a la situación que hemos llegado”.
La perspectiva de una declaración de independencia ha agitado los mercados y ha provocado un aluvión de cambios de sede de empresas radicadas en la región, como Sabadell o Gas Natural.
El gobierno español aprobó un decreto ley para agilizar el cambio de domicilio social de empresas en respuesta a la situación política que vive Cataluña.
POLICÍAS CATALANES DECLARAN
La Audiencia Nacional española interrogaba a dos altos cargos de la policía regional catalana y a los líderes de dos grupos civiles independentistas que están siendo investigados por sedición.
Los cuatro estaban citados el viernes por la mañana para declarar sobre su papel en las manifestaciones del 20 y 21 de septiembre en Barcelona, cuando la policía española detuvo a varios funcionarios y miembros del gobierno catalán y registró oficinas para impedir un referendo sobre la independencia convocado para el 1 de octubre.
Las autoridades españolas afirman que las manifestaciones complicaron la actuación policial y la policía regional, los Mossos d’Esquadra, no hicieron suficiente para repeler a los inconformes que impedían salir de un edificio a los agentes de cuerpos nacionales de policía.
La vista se celebraba en medio de una de las mayores crisis políticas en España en los últimos tiempos. España ha condenado el referendo de independencia afirmando que es ilegal, inconstitucional e inválido.
Tres de los cuatro acusados de sedición llegaron a la Audiencia Nacional en Madrid para declarar. Se trataba del jefe de los Mossos Josep Lluis Trapero, que llegó vestido con su uniforme; Jordi Sánchez, líder de la Asamblea Nacional Catalana, el principal grupo civil en el movimiento de independencia, y Jordi Cuixart, presidente del grupo independentista Omnium Cultural.
La cuarta investigada, la teniente de los Mossos Teresa Laplana, tenía previsto declarar por videoconferencia desde Barcelona por motivos médicos.
Ante el tribunal esperaban manifestantes independentistas, incluidos varios políticos. Algunas personas alzaron papeletas del referendo. Docenas de policías españoles estaban desplegados en el exterior.
Carlos Campuzano, portavoz del Partido Democrático de Cataluña, criticó la visita del viernes y afirmó que las manifestaciones del mes pasado no podían considerarse ilegales de ninguna forma.
“Otra nueva expresión de la manera absolutamente equivocada, autoritaria, represiva (con la que) el Estado está respondiendo a la demanda pacífica, democrática y cívica de la sociedad catalana”, dijo a la prensa ante la Audiencia Nacional.
Los cuatro investigados, que quedaron en libertad sin restricciones tras declarar, tendrán que comparecer de nuevo en los próximos días después de que un fiscal presente nuevas pruebas.
