Ante la fragmentación del voto por la existencia de cuando menos cinco formaciones con tendencias equiparables de votos –PRI, PAN, PRD, Morena e independientes–, los dirigentes el derechista PAN y del populista PRD lanzaron la iniciativa de un Frente Ciudadano por México con una agenda de reforma de régimen que, lo establecieron así, tomaba como punto de referencia los Pactos de la Moncloa.

Los políticos mexicanos son unos magos consumados que con la mayor facilidad se sacan los conejos de la chistera. Lo más preocupantes radica en su ignorancia política, histórica e internacional. Los Pactos de la Moncloa no fueron un acuerdo electoral plural, sino parte de la transición a la democracia, además de que nacieron del proceso de reforma diseñado y operado desde la presidencia del gobierno y no desde la oposición.

Ello no quiere decir que México no necesite un acuerdo de reorganización del sistema productivo. A lo largo de casi cincuenta años, desde la crisis estudiantil de 1968 que colapsó al sistema/régimen/Estado del PRI, la clase priísta gobernante ha ido aplicando un proceso de mini reformas aisladas en lo político y en lo económico. Pero a la vuelta de casi medio siglo, México ha empeorado en su democracia, en su desarrollo y en su bienestar social.

En declaraciones a la prensa los dirigentes del PAN y del PRD han insistido en la reforma de régimen; sin embargo, la única certeza es que están trabajando en una agenda legislativa bipartidista, pero no para avanzar hacia un México más institucional y con mejores posibilidades de potenciar el desarrollo, sino para reforzar los mecanismos de dominación del viejo sistema/régimen/Estado. En los doce años que el PAN gobernó desde la presidencia y en los veinte años que el PRD –incluyendo a López Obrador– ha administrado el poder en Ciudad de México, ninguno de los dos realizó ninguna reforma al sistema/régimen/Estado; al contrario, consolidaron las instituciones del ancien régimen, lo que permitió que el PRI regresara a la presidencia de la república o que el PRD gobernara como PRI.

Las reformas políticas y económicas de México han sido separadas, sin entender que las relaciones de producción determinan las relaciones sociales, políticas y de poder. En lo político se avanzó en una liberalización paulatina de las prácticas política y sobre todo electorales, pero el sistema político cayó en manos de los partidos para constituir lo que aquí se llama partidocracia o gobierno de los partidos. Sólo que los partidos tienen una presencia electoral promedio –en el mejor de los casos– de 60% y la militancia registrada de los nueve partidos es de apenas 12% del padrón electoral; para el 2018 se tiene una media de 35% de votantes indecisos y el partido que más votos tiene apenas llega a 25%.

Lo contradictorio radica en el hecho de que la economía ha ido avanzando a una dominación del mercado, en tanto que la política sigue controlada por el gobierno y por los partidos y su presencia minoritaria: el presidente Peña Nieto ganó en el 2012 apenas el 32% de votos para el PRI –subió a 38% por su aliado el Partido Verde– y el PRI en la Cámara de Diputados logró en las últimas legislativas de 2015 el 29.2% de los votos pero por la mixtura de diputados por distrito y pronominales o de lista subió a controlar el 40% de los legisladores.

Todas las reformas políticas que han llevado a este sin sentido institucional fueron avaladas por toda la oposición, por así convenir a sus intereses. Y en materia de reformas económicas de mercado, el PRI ha logrado inusitadamente el aval de toda la oposición para construir una economía de mercado pero bajo control autoritario del Estado. El crecimiento promedio anual de México en el periodo 1983-2017 ha sido de 2.2%, pero casi un tercio del 6% promedio anual en el periodo 1934-1982.

Las reformas económicas y políticas han sido circunstanciales, de emergencia, estructurales, pero todas solo con el sentido de ganar tiempo y evitar la caída en el abismo de la ingobernabilidad y en la pobreza que genera protestas sociales. Ahí radica la importancia –más bien: la necesidad– de una gran reforma integral. Sólo que esas reformas deben implicar la liquidación total del viejo sistema/régimen/Estado del PRI y construir un nuevo andamiaje que se sostenga por prácticas democráticas reales. En este escenario es en el que se entendería el modelo de los Pactos de la Moncloa.

Sin embargo, la alianza PAN-PRD busca sólo ganarle la presidencia al PRI, aunque, como en el periodo 2000-2012 que gobernó el PAN, al final de cuentas el PRI siguiera definiendo el régimen y apoyando al PAN a cambio de no modificar la estructura de poder. La alianza PAN-PRD está engañando al electorado diciendo que está preparando un pacto como el de la Moncloa de la transición española. En todo caso, se trata de un acuerdo legislativo para que un candidato presidencial de esa alianza cuando menos pueda tener espacio de decisión en el Congreso.

A pesar de su modernización derivada del tratado de comercio libre con los EE.UU. y Canadá, México sigue profundizando sus tres problemas históricos reales: la desigualdad social, la pobreza y el autoritarismo. Pero hasta ahora no existe ningún liderazgo que tenga en mente la urgencia de trabajar en el diseño de un acuerdo de reforma integral de sistema/régimen/Estado; la bandera más radical de todos los precandidatos y partidos es la de luchar contra la corrupción, pero sin entender que ella es producto del autoritarismo presidencialista, la complicidad de la oposición y de la pobreza que lleva a los marginados a una corrupción hormiga para sobrevivir.

Si López Obrador o la alianza PAN-PRD ganan la presidencia, las cosas van a cambiar… para seguir igual. Las dos formaciones representan una versión pirata –es decir: copiada sin pagar derechos– de la transición española.