Alberto Anaya, líder nacional del Partido del Trabajo, dijo que ante la campaña de lodo y desprestigio contra su partido, al que se acusa de financiar al terrorismo, ellos responderán haciendo pública toda la documentación que ampara que los 100 millones de pesos por los que se inició esta investigación no son recursos ilícitos.
Durante una videoconferencia de prensa, celebrada en Monterrey, aseguró que estos cien millones los envió la Secretaría de Hacienda al gobierno del estado y éste, a su vez, a los cendis que ese partido administra y se dijo dispuesto a dar a conocer todos los expedientes y las reglas de operación de ese dinero que, en principio, fue solicitado por la Secretaría de Educación del estado.
“Tenemos los documentos para comprobar la transferencia que la Secretaría de Hacienda hace al gobierno del estado, tenemos los documentos para demostrar la transferencia del gobierno del estado a los cendis y los ponemos a disposición de quien los quiera consultar”, dijo.
Explicó también que “dentro de las reglas de operación de esos recursos, se establece que, una vez recibido el dinero, éste se tiene que colocar en cuentas de inversión para que generen réditos que ayuden al mantenimiento de esos 73 cendis y de ahí se toman para la operación de los mismos”.
Señaló también que en los cendis, más la preparatoria que también administra su partido, el costo de operación es de entre cinco y seis millones de pesos anuales y que atienden a una población cercana a los 20 mil alumnos.
Señaló que desde 2010 el gobierno federal ordenó al gobierno estatal abrir cuentas bancarias para hacer llegar a éstas los recursos que se envían para la operación de esos cendis, “pero el gobierno estatal se ha negado a hacerlo, porque ello significaría reconocer los derechos laborales de cientos de trabajadores que actualmente no tienen ningún tipo de prestación, ni vacaciones ni aguinaldos ni nada”.
Así, señaló que “ante esta perspectiva, el gobierno del estado es corresponsable del actual manejo de los recursos, que además ellos auditan y que se maneja mediante un acuerdo administrativo que ellos no quieren modificar”.
Especificó que “ese mismo acuerdo faculta a la directora general de esos cendis, su esposa Guadalupe Rodríguez, a administrar recursos materiales, humanos y financieros de esos cendis, entonces no vemos de dónde salen las acusaciones de financiamiento al terrorismo”.
Finalmente señaló que “toda esta campaña solo responde a la molestia del gobierno federal de que el PT haga uso de su derecho de libre asociación y que vayamos en coalición con Morena y con Andrés Manuel López Obrador”.
