Los exguerrilleros de las FARC postularon este miércoles a su veterano líder Rodrigo Londoño como candidato para las elecciones presidenciales del próximo año y a otros dirigentes como aspirantes al Congreso, pese a la posibilidad de que sean juzgados por crímenes cometidos en medio del conflicto interno.
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (cuyas siglas también son FARC) anunció que Londoño, conocido como “Timochenko” y quien fue el máximo líder de la desmovilizada guerrilla, será su candidato presidencial; mientras que Luciano Marín, quien utilizó Iván Márquez como nombre de guerra, encabezará la lista de aspirantes al Senado.
“A partir de hoy, entramos de lleno en la contienda política de 2018 con candidatos propios para la Presidencia y el Congreso de la República. La gente del común y todos los que sueñan patria nueva, tendrán su propia representación y contarán con una alternativa política para disputar la Presidencia”, dijo Marín en una declaración ante periodistas.
El Gobierno de Santos y la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron el año pasado un acuerdo de paz para poner fin a un conflicto de más de medio siglo que dejó unos 220 mil muertos y millones de desplazados.
Más de 11 mil 300 integrantes de las FARC, entre combatientes, colaboradores y presos, están en proceso de reincorporación a la sociedad después de que el grupo entregó las armas a Naciones Unidas (ONU) y conformó un partido político.
Bajo los términos del acuerdo, el grupo rebelde -que puso en aprietos al Estado colombiano en la década de 1990, con presencia en extensas zonas montañosas y selváticas en donde ejerció un gobierno de facto- se convierte en una fuerza política. También establece que tendrá 10 asientos en el Congreso hasta 2026, incluso si no obtiene los votos necesarios.
Marín dijo que la FARC buscará un gobierno de transición que continúe con la implementación del acuerdo de paz, para lo cual están dispuestos “al diálogo con todas las fuerzas y movimientos políticos sociales por la conformación de listas unitarias, siempre considerando la definición de propósitos programáticos comunes”.
Además del abandono de las armas, el pacto de paz incluye la entrega de tierras a campesinos pobres, desminado, lucha contra el narcotráfico e inversión social del Estado en educación, salud y carreteras para erradicar la pobreza.
La implementación del acuerdo tardará al menos una década, en una sociedad dividida entre quienes apoyan y quienes se oponen a que los rebeldes se reincorporen a la sociedad y participen en política, en la antesala de las elecciones del 2018 en la que los colombianos irán a las urnas para elegir presidente y congresistas.
El Congreso debe debatir en los próximos días una ley que crea una jurisdicción especial ante la que tendrán que responder los comandantes guerrilleros por los crímenes cometidos en el conflicto, en medio de voces que exigen que paguen primero penas alternativas antes de ejercer la política.
