El gobierno mexicano reafirmó su compromiso con los derechos humanos, luego que un estudio halló que casi todos los casos de abusos perpetrados por militares en la lucha contra los cárteles de la droga quedan impunes.

La Procuraduría General de la República está trabajando para aplicar “cambios estructurales e institucionales para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos humanos”, dijeron la dependencia y las Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación en un comunicado conjunto.

Además, agregó que se creará unidades de investigación especiales para estudiar esos casos y la PGR está aplicando reformas que fueron mencionadas en el informe elaborado en febrero, donde se incluyen varias recomendaciones mencionadas en el reporte emitido el martes por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés).

El informe Justicia Olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México, reveló que durante este sexenio, la PGR inició 505 investigaciones contra miembros de las Fuerzas Armadas por delitos y violaciones a derechos humanos contra civiles, de las cuales sólo hay 16 condenas, es decir una tasa de éxito de 3.2 por ciento.

En este sentido, las dependencias dijeron que continuará impulsando investigaciones imparciales y objetivas, para asegurar que se apliquen las sanciones correspondientes en casos de violaciones a las garantías fundamentales de las personas.

“El Estado Mexicano ha fortalecido el marco jurídico que rige la jurisdicción militar para asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por personal militar en contra de la población civil, sean juzgados por tribunales civiles”, señala el comunicado.

Por lo anterior, recordó que el Código de Justicia Militar fue reformado en 2014, para armonizarlo con la legislación nacional acorde a los estándares internacionales en la materia, en línea con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011.

El Gobierno mexicano afirmó que las Fuerzas Armadas han ampliado su programa de capacitación en materia de derechos humanos, para reforzar la cultura de respeto y su promoción, derivado de las quejas interpuestas contra personal militar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como las recomendaciones emitidas por este organismo a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

Respecto a las recomendaciones de WOLA, México aseguró que desde febrero de 2017, en el auto diagnóstico de la PGR, se reportaron trabajos respecto a cuatro recomendaciones del informe presentado este martes.

“El gobierno de México valora la labor de WOLA y las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, considera relevante puntualizar… México invita a que los análisis en la materia consideren dicho contexto, para reflejar una perspectiva más certera de los desafíos que acarrea el tráfico indiscriminado de armas desde los Estados Unidos de América hacia el territorio mexicano, los flujos de capital a organizaciones criminales, así como los efectos del trasiego de drogas a través de México, con destino a ese país”.

Las Fuerzas armadas han desempeñado un papel central en la guerra contra los cárteles de la droga al menos desde finales de 2006, cuando el recién elegido presidente Felipe Calderón envió a los soldados a combatir el narcotráfico. La ofensiva militarizada ha continuado bajo su sucesor Enrique Peña Nieto.

Durante todo este período se han multiplicado las acusaciones de violaciones graves a los derechos humanos a manos de militares, tales como torturas, matanzas y desapariciones.

Los detractores dicen que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para realizar actividades policiales. Pero muchos cuerpos policíacos en el país son considerados corruptos, superados en armamento e incluso cómplices de los grupos mafiosos, por lo que no se puede confiar en ellos para combatir a los cárteles.