La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó una “Ley contra el Odio” que castiga con penas hasta de 20 años de cárcel y amenaza con el cierre a medios y la ilegalización a partidos políticos que promuevan “el fascismo”.

La polémica ley fue expresamente solicitada por el presidente Nicolás Maduro a la Constituyente oficialista para acabar con los supuestos mensajes de “odio” que según el oficialismo dispararon la ola de protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre abril y agosto, y dejaron 120 muertos.

“Quien públicamente (…) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político (…) será sancionado con prisión de 10 a 20 años”, establece el artículo 20 de la citada ley.

El texto —refrendado una vez más por unanimidad en la Constituyente oficialista— prevé también la posibilidad de castigar con penas de ocho a 10 años de prisión a los policías y militares que no persigan estos delitos de odio, la misma medida que se aplicará al personal sanitario que discrimine a la hora de prestar atención.

La ley permitirá prohibir e inhabilitar para las elecciones a los partidos políticos que “promuevan el fascismo” o el odio racial, étnico, político, social, ideológicos, de género y orientación. “Venezuela pone hoy esta ley a disposición del mundo. No exportamos solamente petróleo, queremos exportar paz, amor, tolerancia en un mundo gravemente amenazado con los poderes imperiales. Nosotros vamos ahora a exportar la paz para el mundo”, afirmó la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez.

Con las disposiciones aprobadas, la Constituyente —un suprapoder instaurado por el oficialismo que no reconoce ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional— obliga a los medios de comunicación públicos y privados a difundir contenidos avalados por el Estado que estimulen “la diversidad” y “la tolerancia”.

Los dueños de los medios que no se avengan a poner su programación o sus páginas a estos mensajes se exponen a sanciones de hasta 4% de sus ingresos fiscales brutos en el ejercicio anterior al periodo en que ocurran los hechos. La ley tampoco deja sin regular las redes sociales, y las personas jurídicas responsables de estas plataformas y de los medios electrónicos que no retiren en un plazo de seis horas mensajes “de odio” deberán responder con el pago de multas.

Dos disposiciones transitorias propuestas por Rodríguez suponen además la derogación de cualquier otra regulación existente que contradiga a la “Ley contra el Odio”, que crea una Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica con la que están obligados a cooperar todos los ciudadanos. Entre los 15 integrantes de esta comisión hay miembros de la Constituyente, varios ministros, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, así como el fiscal general Tarek Saab, representantes de organizaciones sociales y otros altos cargos del Estado.

El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP) alertó que la ley “sólo legitimará la censura y criminalizará la opinión”, y la tachó, vía Twitter, de “atentado directo contra la libertad de expresión”.

El diputado opositor Armando Armas ve en el texto de la Constituyente “un manual de procedimientos para la represión” que no hará sino “agravar la situación económica y social” de Venezuela. Para la ex presidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, la ley “pretende la legalización de la represión con apariencia jurídica”.

La ONG Espacio Público contabiliza 148 medios de comunicación cerrados desde 1999, cuando llegó al poder Hugo Chávez, fallecido en 2013.