La Fiscalía de Perú allanó dos locales del partido opositor de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, que domina el Congreso, en medio de una extensa investigación de lavado de activos y sobornos de la brasileña Odebrecht.
El allanamiento y registro fue autorizado por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien hace unos días ordenó prisión preventiva a cuatro importantes empresarios, informó el Poder Judicial a través de Twitter.
Un fiscal investiga a Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, por presunto lavado de activos luego de haber sido señalada de recibir dinero de Odebrecht para financiar su campaña electoral del 2011.
La hija mayor de Fujimori, cuyo partido Fuerza Popular controla el Congreso unicameral, ha negado las acusaciones.
La intervención de la fiscalía se produce mientras el Congreso busca destituir al fiscal general Pablo Sánchez, acusado de un supuesto mal ejercicio de sus funciones.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski sugirió en un discurso que las autoridades judiciales que dirigen la investigación de corrupción habían ido demasiado lejos al intervenir las oficinas del poderoso partido opositor.
“A mi me preocupa leer en las noticias que hay un allanamiento de locales de un partido político que domina el Congreso”, explicó.
“Y no lo digo para congraciarme con el Congreso, lo digo por si no hay respeto al debido proceso no seremos respetados internacionalmente” agregó Kuczynski, un exbanquero que asumió al poder en el 2016 y que también es investigado por sus presuntos vínculos con Odebrecht.
El expresidente de la compañía Marcelo Odebrecht dijo a fiscales peruanos hace unas semanas que financió a los principales candidatos presidenciales en Perú y que había contratado a Kuczynski como consultor hace una década, según la prensa local, algo que el mandatario ha rechazado.
El Poder Judicial dijo que en el allanamiento “se ordenó incautación de documentos hallados en los referidos locales de Fuerza Popular, precisando que lo dispuesto es en el marco de la investigación por Caso Odebrecht”.
Dirigentes del partido de Fujimori rechazaron la acción judicial. “Esto es un agravio al partido”, dijo a periodistas José Chlimper, secretario general de Fuerza Popular, frente a uno de los locales intervenidos en Lima. “Están buscando algo que no van a encontrar”, agregó.
Las denuncias de corrupción de Odebrecht, que ha admitido el pago de sobornos para ganar obras públicas en Perú entre el 2005 y 2014, ha involucrado además a los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
Humala está detenido desde julio en el marco de una investigación por supuestamente haber recibido tres millones de dólares para el financiamiento de su campaña electoral del 2011.
Por su parte Toledo, que también niega las acusaciones, encara una orden de arresto con fines de extradición de Estados Unidos por la acusación de haber recibido sobornos de Odebrecht.
