- Los conductores afectados se van a amparar contra la medida y harán valer la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para continuar en el mercado.
Isabel Miranda
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SECTE) realizó un operativo para detener el servicio de transporte de cuatro unidades de la plataforma digital PRONTO, mientras que los afectados acusaron que se trató de una maniobra tramposa por parte de las autoridades estatales.
En total fueron cuatro vehículos remitidos al corralón y sólo un conductor opuso resistencia, lo anterior, bajo el argumento de estar al margen de la Ley de Comunicaciones y Transportes de Tlaxcala, ya que plataformas de transporte de personas privado no están contempladas ni mucho menos reglamentadas.
Los hechos se registraron cuanto la mañana de este miércoles, inspectores de la SECTE y elementos de seguridad pública, enviaron las unidades al corralón estatal del Libramiento Tepehitec, además de levantar una infracción que los propietarios deberán pagar para recuperar los automóviles.
Más tarde, los emprendedores de PRONTO ofrecieron una conferencia de prensa, donde Nydia Cano, acusó que las unidades fueron paralizadas a través de una trampa por medio de usuarios infiltrados, quienes pidieron el servicio y justo donde pidieron la parada, ya los estaban esperando los inspectores.
Aclaró que la acción fue ilegal, los conductores fueron intimidados y el titular de la SECTE, Noé Rodríguez Roldán, cometió una omisión, quien ha mostrado renuencia para reunirse con las personas que manejan PRONTO.
A pesar de solicitar una reunión con el gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, tampoco han tenido éxito, por lo que las autoridades soslayan resolver la controversia con base en las nuevas necesidades de movilidad de la población y por ser un tema de interés público.
“Nos han tratado como delincuentes”, lamentó Nydia Cano, por lo que anunció que los cuatro conductores afectados se van a amparar contra la medida y la plataforma PRONTO va a solicitar la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por los abusos cometidos, y harán valer la jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para continuar en el mercado.
