Las modificaciones hechas en el Senado a la minuta de la Ley de Seguridad Interior enviada por la Cámara de los Diputados para su curso legal, ya han sido desechadas, no por la “colegisladora” (como se dice en términos especializados); sino por los opositores políticos, quienes no importa cuánto se le cambie o agregue, elimine o conserve, van a mostrar su rechazo.
Ha habido dos momentos importantes en esta ley si se les quiere llamar importantes a los registrados fuera del ámbito legislativo. Uno, en Los Pinos, cuando el Presidente Enrique Peña, en la entrega del Premio Nacional de los Derechos Humanos, instó (o solicitó) al Senado la incorporación de otros puntos de vista, para decirlo con diplomacia, y la declaración conjunta de la CNDH, la OEA y la ONU en la materia.
Esa declaración es una especie de lápida “premortem” para la ley. Lea usted:
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hicieron un urgente llamado al Estado mexicano para que, “atendiendo a sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos, se abstenga de aprobar el proyecto de la ley de seguridad interior”.
“Subrayaron que aunque se han hecho cambios a algunos artículos de esta minuta – que se someterá a consideración de las comisiones dictaminadoras del Senado este miércoles (ayer)-, no son sustanciales y el contenido del proyecto sigue presentando aspectos preocupantes para los derechos humanos. Enfatizaron que el tiempo de discusión se debe ampliar y no limitarse a aprobar la minuta en lo que queda de este periodo legislativo, que concluye este viernes.
“En un comunicado conjunto, ambos organismos demandaron al Congreso que, en lugar de avalar el proyecto, se abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas.
“Aun cuando se han hecho públicos algunos cambios que se aplicarían al proyecto de ley originalmente planteado, el mismo sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México. La vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantendrían vigentes, en tanto las eventuales modificaciones no implicarían cambios sustantivos”, subrayaron.
“Añadieron que las observaciones son de tal envergadura y las voces en contra que se han manifestado de tal diversidad, “que resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados, en el marco del respeto a la dignidad humana”.
“La CNDH y la ONU-DH consideraron que no existen las condiciones propicias para aprobar el proyecto de ley durante el proceso legislativo que termina el viernes 15 de diciembre, por lo que exhortaron a ampliar su debate y discusión a efecto de prevenir situaciones que actualicen o propicien que se vulneren los derechos humanos al amparo de la ley antes mencionada”.
Sin discutir acerca de cuáles serán las “condiciones propicias” o hasta dónde las protestas generan lo poco favorable de la ocasión para discutir y aprobar, no para negociar y eternizar, esta actitud contrasta con el dicho de algunos legisladores quienes quieren entregar este paquete legal como regalo de Navidad a las Fuerzas Armadas.
Y cuando ya éramos muchos en este bizantino debate, a la abuela se le ocurrió parir como coneja:
“La Comisión Episcopal para la Pastoral Social (CEPS) de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se pronunció porque termine la permanencia de las fuerzas armadas en tareas policiacas y sean remplazadas por cuerpos policiacos capacitados y coordinados.
“En medio del debate de la ley de seguridad interna precisó que ante la violencia que ha ido en franco ascenso, se requieren acciones legislativas que, en un paquete con visión integral, marquen una ruta crítica para resolver las causas, pero también eviten la permanencia de políticas como la de la presencia de las fuerzas armadas en funciones policiacas.
“El escrito firmado por José Leopoldo González González, obispo de Nogales y presidente de la CEPS-Cáritas, así como los seis jerarcas encargados de otras dimensiones de la CEPS, llaman a tener instituciones que, con capacitación, coordinación y equipo calificado, provean nuestra seguridad interna, para así dejar al Ejército en su función de seguridad nacional”.
Pues frente a este magnífico huevo de Juanelo por parte de los señores obispos, cuya nariz se mete en todos los rincones, nomás nos falta una oferta de su parte: importar la Guardia Suiza papal.
Entre los clérigos entrometidos, y los actores metidos a legisladores, como Luna y Gael, estamos hechos.
