En México el lavado de dinero no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática sino de forma reactiva y el país debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los blanqueadores de capitales y confiscar sus activos, de acuerdo con un reporte de un ente intergubernamental.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), creado para establecer los estándares de lucha contra el financiamiento ilícito, dijo que si bien el país latinoamericano tiene un marco legal e institucional bien desarrollado para enfrentar el lavado de dinero su persecución es deficiente.

La Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República (PGR) señalaron en un comunicado conjunto que el reporte de GAFI menciona que hay “áreas de oportunidad” para mejorar y se debe priorizar las investigaciones, el decomiso de bienes ilícitos, así como la supervisión de actividades vulnerables no financieras y contar con una mayor capacitación.

“Las autoridades manifiestan su compromiso para fortalecer las áreas de oportunidad detectadas, pero sobre todo para continuar salvaguardando el sistema financiero nacional y la supervisión de las actividades vulnerables”, dijeron en el comunicado.

En el reporte, el GAFI señaló que la “cantidad de acciones penales y condenadas por casos (de lavado de dinero) es muy baja. Se detectaron deficiencias significativas en el modo en que se investigan los casos”.

Específicamente, el grupo dijo que “muy raramente” se realizan investigaciones financieras paralelas y que el crimen “rara vez” es perseguido penalmente como un delito autónomo.

“El nivel de corrupción que afecta a las autoridades de orden público, en particular en el ámbito de los estados, socava su capacidad para investigar y perseguir penalmente los delitos graves”,

México es el tercer mayor exportador de capitales ilícitos del mundo, según datos de la organización no gubernamental Global Financial Integrity, superado sólo por China y Rusia.

El Gobierno mexicano estima en un reporte clasificado visto por Reuters que el narcotráfico, los delitos fiscales y otros crímenes generan al menos 1.13 billones de pesos cada año, monto que además es susceptible de ser sometido a lavado de dinero.