Mientras las miradas y el interés de todos están centrados en el proceso electoral cuya abundancia nos abruma desde ahora, pocos han reparado en la simultaneidad de dos grandes asuntos de amplia repercusión nacional, cuyo desarrollo cruza por la Suprema Corte de Justicia, como actora o promotora, y cuya evolución definirá muchos asuntos políticos nacionales.

Uno de ellos, obviamente, provendrá de las controversias constitucionales ofrecidas en rechazo de la Ley de Seguridad Interior (hasta ahora, claramente, la cercana de la CNDH), cuya “litis” –por cierto–, ya ha sido favorablemente dictaminada por ese mismo tribunal (2011) en cuanto a la constitucionalidad de la operación militar en respaldo de la fuerza pública o en sustitución de ella cuando esta no pueda o ni siquiera funcione y la genuina potestad del Ejecutivo para disponer del Ejército en labores orientadas al orden y el funcionamiento institucional.

El segundo gran asunto en manos no de la Corte sino como una consecuencia de su decisión, es la reglamentación del gasto publicitario gubernamental, cuya dictaminación, con plazos forzosos dictados por el “alto tribunal” (como le dicen los amantes de los superlativos), ya tiene curso en la Cámara de Diputados. Al menos ya fue recibida la orden, entre el mohín y la reticencia.

Ambos temas tienen el mismo origen: la presión de los organismos de la “sociedad civil”.

En un caso, el de la ley de Seguridad Interior, con el aval hasta de la gran burocracia internacional y los Altos Comisionados (¿por qué todo debe ser alto y supremo?) de esto y de aquello tanto de Naciones Unidas como del ministerio estadunidense de colonias, la OEA.

En el otro, la solicitud de amparo de quienes ven en el gasto publicitario inmoderado, incontrolado y arbitrariamente ejecutado, una amenaza para LA libertad de expresión; o al menos de SU libertad de expresión, apoyados tardía pero escandalosamente por el “New York Times”, sobre cuya neutralidad esta columna expresa serias dudas.

El “úkase” judicial por cuya fulminante determinación la Corte le puso un plazo legislativo a la Cámara para responder la demanda de amparo de una organización civil en cuanto al monto, método y destino de los fondos públicos en el subsidio de los medios, se vence en cuatro meses. Debe quedar terminado el 30 de abril.

Pero nadie ha dicho si la Corte tendrá, después, facultades de revisión legislativa (¿se convertiría en un tribunal revisor del proceso legislativo o se conformará con el producto presentado?) o si la Cámara saldrá del paso, tapando el ojo del macho, con un dictamen interminable, sin pies ni cabeza solo para darles gusto a los señores de la toga negra, cuya capacidad de interpretar el artículo 61 de la Constitución (el cual hace intocables a los diputados en el ejercicio de su función), sería un hermoso espectáculo si hubiera (más) una pugna entre los poderes de la desunida Unión.

La reglamentación del gasto publicitario resultará tan compleja como la discusión aquella (“L” Legislatura) del “Derecho a la información”, sobre cuya dificultad el líder de los padres conscriptos de aquel tiempo, Luis M. Farías decía buscar la cuadratura del círculo.

Así, la reglamentación del gasto (todo reglamento es restrictivo) significará simplemente la desaparición de muchos medios, lo cual no es ninguna tragedia universal, nada más producirá mucha gente sin empleo: no de los propietarios, sino de los trabajadores de los medios, quienes son (dijo López Mateos), como los chinos de su tiempo, muchos y todos muertos de hambre.

Obviamente estas dos cuestiones –entre otras muchas–, teñirán las campañas electorales, lo cual nos lleva a pensar si en ambos casos no hubo una deliberada intención de hacer coincidir estos debates con las ofertas políticas de los candidatos y en perjuicio de quién.

El amparo promovido por “ArtÍculo 19” en busca del reglamento publicitario y el mejor reparto de los panes y los, peces (igualando a todos en el mismo derecho de recibir; no de ser independientes, como decía Francisco Zarco), bien pudo esperar un semestre o un año, a fin de cuentas, el interés de esa transnacional de los Derechos Humanos no se va a terminar y la solución del amparo pudo aguardar un tiempo.

La oportunidad de ofrecer un nuevo acuerdo entre el poder público y los medios es un bocado suculento en tiempos de campaña, en especial para los candidatos “anti sistémicos”. Uno de ellos ha combatido frontalmente a “El Gran Diario de México”, al cual acusa de servidumbre y alquiler y el otro de un inexistente pero siempre invocado “cerco informativo” cuya ineficacia lo mantiene en las primeras planas desde hace 18 años.

Ambos asuntos, los dominantes en este principio de año, junto con las elecciones, nos van a dar materia para ver toda clase de desfiguros, aportaciones, importaciones y demás, pues son grandes y jugosos filetes en el festín de las ambiciones políticas.

Pero este es parte del menú del año 18.