Los dreamers acogidos al programa aprobado durante el gobierno del presidente Barack Obama, que el mandatario Donald Trump ha dicho terminará el 5 de marzo, no son el blanco de deportaciones siempre y cuando no tengan antecedentes penales, dijo el jefe del despacho de la Casa Blanca.
John Kelly también desestimó la idea de una corta extensión del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que terminará el 5 de marzo, para dar al gobierno y el Congreso más tiempo para que lleguen a un acuerdo legislativo.
“La presión los hace trabajar”, dijo sobre el Congreso.
Kelly hizo estas declaraciones ante un pequeño grupo de reporteros en el Capitolio cuando los legisladores están en un punto muerto tras tratar de llegar a un acuerdo bipartidista para proteger de la deportación a los beneficiarios del programa conocido por sus siglas en inglés como DACA.
A menos que lleguen a un acuerdo de último momento -lo que parece poco probable- el líder de la bancada mayoritaria del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, ha dicho que la cámara alta comenzará a considerar el tema, debate que los líderes republicanos esperan comience la próxima semana.
Un juez federal ha bloqueado de manera indefinida al gobierno de Trump para que no pueda terminar las protecciones de DACA para los dreamers, que fueron traídos a Estados Unidos de niños y viven en este país de manera ilegal. El plan los protege de la deportación y les da permiso de trabajo.
Muchos legisladores están incómodos sobre lo que pasará con los dreamers después del 5 de marzo, y los demócratas – y el mismo Trump – están usando esa incertidumbre a su favor para lograr un acuerdo. Las declaraciones de Kelly parecían tener la intención de aliviar las preocupaciones de personas que creen que podría haber deportaciones de dreamers después de que termine el programa.
Kelly describió el largo proceso legal que enfrentan los inmigrantes sin autorización en Estados Unidos – y que generalmente toma años – antes de ser deportados. Dijo que un inmigrante sin autorización que no comete delitos graves “nunca va a dar en la mira de nadie”.
“Ellos no son una prioridad para la deportación“, afirmó.
Trump ha propuesto legalizar el estatus migratorio de los 1.8 millones de inmigrantes cubiertos bajo DACA que podrían ser aptos para este beneficio y darles la posibilidad de que eventualmente puedan nacionalizarse.
A cambio, Trump quiere 25 mil millones de dólares para seguridad fronteriza, incluyendo fondos para construir un muro en la frontera mexicoestadounidense.
