La organización Impunidad Cero dijo que a siete meses de que un socavón cobró la vida de dos personas en el Paso Exprés de Cuernavaca, no hay ninguna suspensión, destitución, inhabilitación o multas para las autoridades involucradas.

“Estamos en el momento adecuado para que se lleven a cabo las sanciones. Estamos en la delgada línea de caer en la impunidad y no sancionar, o sancionar y evitar la impunidad”, dijo Luis Darío Ángeles, autor de la investigación Impunidad, sanciones administrativas y el socavón del Paso Exprés.

En dicha investigación se dice que la muerte de Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero, ocurrida el 12 de julio de 2017 en un socavón que se formó en el Paso Exprés de Cuernavaca, obra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es parte de una serie de irregularidades que se encontraron desde su construcción.

Ante ello, Darío Ángeles dijo que en México, de cada 100 irregularidades denunciadas, siete se sancionan efectivamente lo que significa que “cerca del 93 por ciento quedan impunes”.

Una mala planeación de la obra, negligencia en acciones relativas a la alcantarillado y el drenaje, así como la muerte de dos personas son las principales irregularidades encontradas en el Paso Exprés, de acuerdo con el estudio.

Ante ello, basado en la anterior Ley Federal de Responsabilidades Administrativas (ya que la actual entró en vigor el 18 de julio unos días después del accidente), el investigador presentó las distintas posibilidades de sanción de los funcionarios responsables.

Por ejemplo, calificado con una responsabilidad media, el secretario de Comunicaciones y Transportes tendría una sanción económica o destitución ya que por haber informado que la construcción había concluido tendría 40 años de duración.

No obstante, a funcionarios como el director General de Carreteras, y funcionarios de esa dirección habría incurrido en una conducta ‘gravísima’ y se les podría aplicar las siguientes sanciones: inhabilitación temporal de 10 a 20 años, con multa y destitución, por ser responsables de la supervisión de la obra.

El investigador recordó que si bien la Auditoría de la Función Pública ya emitió una serie de recomendaciones a los órganos internos de control correspondientes, es necesario hacer un llamado a las autoridades para que comiencen a deslindar responsabilidades.

“El estudio específico del caso del socavón del Paso Exprés en Cuernavaca, pretende que la sociedad pueda exigir a las autoridades que actúen correctamente. No contar con sanciones a los servidores públicos involucrados en la muerte de los señores Mena es una clara muestra de impunidad, cuando por la gravedad de las conductas, el caso debería implicar suspensiones, destituciones, inhabilitaciones y multas para las autoridades involucradas”, agregó.