El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo el viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) que lo investigue por crímenes contra la humanidad, y sostuvo que prefiere enfrentar un pelotón de fusilamiento antes que ser encarcelado.

Sin embargo Duterte, conocido por desafiar las presiones internacionales, cuestionó si la CPI tiene jurisdicción para procesarlo por la muerte de miles de filipinos en su guerra contra las drogas. Negó incluso haber dado una orden a la policía para matar a sospechosos de tráfico.

El fiscal de la CPI, Fatou Bensouda dijo el jueves que un examen preliminar de la campaña de Duterte busca establecer si existe jurisdicción y si se cometieron crímenes contra la humanidad.

“Pediría el raro privilegio de hablar con usted. Sólo nosotros dos en el cuarto”, dijo Duterte durante una rueda de prensa aludiendo a Bensouda.

“Háganlo. Si quieren declararme culpable, sigan adelante. Que así sea. Encuentren un país donde maten gente con un pelotón de fusilamiento y estoy listo”, declaró.

Unos 4 mil filipinos, principalmente habitantes pobres de la ciudad, han muerto a manos de la policía en una campaña promovida por Duterte que ha alarmado a la comunidad internacional.

Activistas consideran que la cifra de muertos es mucho más alta y acusan a la policía de encubrimientos sistemáticos y ejecuciones. La fuerza y el gobierno desestiman esas acusaciones.

El examen es el primer paso formal que un fiscal de la CPI da para considerar si una situación en un estado miembro podría eventualmente llevar a la formulación de acusaciones, en un proceso que puede tomar años.

Es fundamental determinar si la corte tiene jurisdicción, ya que sólo puede realizar juicios cuando el propio estado miembro no lo ha hecho.