En la muy significativa la fecha del Día de la Lealtad, en la cual cada año se conmemora la (inútil) marcha de los cadetes en sincero respaldo al presidente Francisco Madero, a la cual siguió el artero golpe de Estado orquestado por el gobierno americano en contra de la incipiente democracia mexicana, el secretario de la Defensa Nacional les pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, analizar la Ley de Seguridad Interior sin prejuicios ni presiones.

Tarde, muy tarde, señor general.

Los prejuicios y las presiones son, precisamente, los motores de la cauda de actitudes políticas contra la ley y, en algunos casos, hasta de alguna de las controversias constitucionales o promociones de la inconstitucionalidad, cuyo solo volumen ya constituye una presión para el Tribunal, sobrecargado de trabajo en los meses recientes por éste y por otros temas. Pero ése es problema de la Corte.

Orador en la ya mencionada ceremonia, el general Salvador Cienfuegos, a quien los prejuicios y las presiones le llegaron “casualmente” en los días previos a este acto de raíz, cien por ciento castrense (la marcha de la lealtad no impidió el golpe, pero separó a los leales de los traidores), con motivo de una distinción universitaria contra cuyo otorgamiento honoris causa se lanzaron todas las jaurías “antimilitaristas”, el general secretario dijo:

“…Las misiones que han cumplido y cumplen las Fuerzas Armadas en México, atienden a los distintos desafíos que enfrenta la nación; amenazas y riesgos que imponen la obligación al titular del Poder Ejecutivo en turno, a emplearlas con el fundamento de las atribuciones que le otorga nuestra Constitución política.

“Por ello, atendiendo las instrucciones de nuestro comandante supremo y ante el llamado de la sociedad, hemos coadyuvado con las autoridades para contribuir en la seguridad de los mexicanos.
En este mismo sentido y ante la serie de fenómenos que actualmente afectan la seguridad en el país, reconocemos el esfuerzo del Congreso de la Unión para dotar “al Estado Mexicano”, de una ley que establece bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades y los municipios, para su atención puntual.

“Una ley, que faculta y delimita las responsabilidades y funciones de las diversas autoridades que “constitucionalmente” les corresponde brindar seguridad a la ciudadanía y preservar las instituciones de la república, cada una en su ámbito de competencia.

“Instrumento legal, que busca mantener y fortalecer el orden interno, el orden constitucional, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática.

“Confiamos también, en que para determinar lo procedente, se analizará a detalle, de manera objetiva, sin prejuicios y sin presiones.

“Los militares, respetuosos de las funciones de los poderes del Estado, como invariablemente lo hemos hecho, acataremos las resoluciones finales sobre su aplicación, en la parte que nos corresponda”.

Hasta hace unos días la Corte había recibido controversias de diferente origen y calibre. De la CNDH, del Instituto de la Transparencia, de un grupo de diputados (pertenecientes a la misma Legislatura en la cual la ley fue elaborada y aprobada), y hasta de comisiones estatales de Derechos Humanos, cuya personalidad jurídica no alcanza para ese recurso. Algunas se han rechazado por ser “notoriamente improcedentes”, otras se han admitido por provenir de instituciones facultadas jurídicamente para plantear semejante controversia constitucional.

Pero nada se ha determinado hasta ahora y la Corte no tiene plazo para confirmar o no la constitucionalidad de la ley, completa o parcialmente. Mientras tanto, el ordenamiento ya ha sido promulgado y su aplicación aplazada por voluntad del Ejecutivo, quien considera prudente esperar mientras el asunto se encuentre sub júdice.

Pero apelar a la buena voluntad y advertir sobre la esperanza de una actuación judicial sin los prejuicios o las presiones, es desconocer el origen de las controversias. Salvo la CNDH, todo lo demás está teñido de interés político.

CDMX

La incorporación de diez mil trabajadores a la nómina del Gobierno de la Ciudad de México representa el más certero apoyo de la administración a la causa de Alejandra Barrales, así quiera ser presentado nada más (y lo es) como un acto de justicia laboral.

De acuerdo con la nota publicada ayer en estas páginas, elaborada por Brenda Torres, así ocurrieron las cosas, cuando la “basificación” había sido considerada inviable, hace unas semanas:

“…Fue un evento a Zócalo lleno; 10 mil burócratas recibiendo su plaza al mismo tiempo, bajo la mirada de Miguel Ángel Mancera y —en las pantallas y un sistema de sonido similar al que se utiliza en los conciertos— el líder sindical, Juan Ayala, aseverando que este jefe de Gobierno sí ha mirado a sus empleados, no como los anteriores (léase los morenistas Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador).

“A cinco meses de la elección federal y local, la lealtad de estos trabajadores parece amarrada a quien hasta hace unas semanas disputaba la candidatura presidencial de la alianza Por México al Frente.

“Hace apenas un mes, Mancera había declarado como una misión casi imposible convertir a trabajadores por contrato de honorarios en trabajadores con plaza y prestaciones. La razón: la falta de dinero en las arcas capitalinas para solventar esa carga presupuestal”.