El sector residencial está a salvo de recibir ‘sorpresas’ en sus recibos del cobro de la luz, como les pasó a los industriales y comercios del país cuando recibieron su recibo de luz, señaló este viernes el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer.
“La población debe estar tranquila; esta es una metodología que sólo aplica al sector industrial, comercial y de servicios”, dijo en entrevista en el marco del Quinto evento magno de celebración del centenario de la Concanaco Servytur.
A partir del 1 de enero se aplicó una nueva metodología en la contabilización del consumo de energía eléctrica entre el sector empresarial con sorpresas de incrementos en algunos casos de hasta 200 por ciento, según lo denunciaron en su momento la misma Concanaco Servytur y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
“La política que se ha determinado es que las tarifas domiciliarias y agrícolas se van a mantener en los términos que han observado; llevan ya más de 37 meses sin una modificación”, señaló.
Ante la solicitud del sector privado de una revisión en la metodología, la CRE aceptó hacer los ajustes y en algunos casos que se amerite, hará las devoluciones. El problema radicó en que se tomó como modelo al usuario promedio.
“El modelo veía a un usuario promedio, no consideraba los casos específicos de consumidores con comportamiento atípico”, explicó el comisionado y agregó que fueron aproximadamente 100 casos formales para su revisión, de un universo de 4.2 millones de usuarios industriales.
Durante su presentación ante los empresarios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), García Alcocer señaló que la reforma energética está blindada y sería ‘titánico’ querer cambiarla.
“La reforma energética no puede revertirse porque fue un cambio constitucional, sería un ejercicio titánico volver a cambiar la constitución”, expuso.
Agregó que hay otros elementos que la fortalecen como el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los jueces no pueden suspender las resoluciones o normas de los órganos reguladores del sector energético, “lo que ancla su constitucionalidad”, además de que el periodo de los reguladores es escalonado y trasciende sexenios.
García Alcocer reiteró que la inversión estimada producto de la reforma energética asciende a 318 mil millones de dólares, con una inversión comprometida de 179 mil millones de dólares, más otros 21 mil de aquí al cierre del 2018 con un total de 135 empresas participando de 21 países, de las cuales 51 son mexicanas.
