Un juez ordenó el arresto de una dirigente separatista catalana si regresa desde Suiza, a donde se trasladó para evitar una indagatoria judicial.

El juez Pablo Llarena emitió la orden de arresto para Anna Gabriel, dirigente del partido Candidatura Unidad Popular (CUP), ante su falta de comparecencia ante la corte para responder preguntas sobre su papel en el movimiento independentista catalán a finales del año pasado.

Gabriel, quien hasta octubre era legisladora en el Parlamento catalán, había dicho que no comparecería porque considera que la investigación obedece a motivaciones políticas.

La activista dijo a una radio suiza que solicitará asilo si las autoridades españolas piden su extradición.

El fiscal español había solicitado que se emitiera una orden de detención internacional, pero el juez solo ordenó que Gabriel sea detenida si regresa a España.

El juez tomó la decisión después de que las autoridades suizas advirtieran que no habría suficientes bases legales para su extradición.

Un portavoz de la Oficina Federal de Justicia de Suiza dijo que el país no concede asistencia judicial por “delitos políticos”, de acuerdo con la ley suiza y las convenciones europeas que rigen las relaciones de Suiza con España.

“Según los artículos aparecidos en los medios de comunicación, los actos de los que se acusa a la política catalana lucen a primera vista como delitos políticos”, escribió el portavoz de la oficina, Folco Galli, en un correo electrónico. Dijo que la oficina no había recibido ninguna petición de las autoridades españolas.

“Incluso si resultara que los hechos alegados en contra de la Sra. Anna Gabriel también fueran punibles en Suiza, la extradición a España no sería posible”, agregó.

Gabriel es el sexto político catalán que elude una indagatoria judicial e intenta llamar la atención sobre el conflicto catalán trasladándose a una capital europea importante.

El expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro miembros de su ex gabinete huyeron a Bélgica en octubre, días después de que los legisladores separatistas regionales aprobaran una declaración de independencia considerada ilegal por el gobierno central.

El Tribunal Supremo de España está investigando si una veintena de personas deberían ser acusadas de rebelión, sedición y malversación de fondos, delitos que pueden ser castigados con décadas de prisión.

Inicialmente, las autoridades españolas solicitaron la extradición de Puigdemont, pero posteriormente retiraron la orden de detención cuando quedó claro que las autoridades belgas podían devolverlo, pero solo para ser juzgado por malversación de fondos públicos y ningún otro cargo.

El juez ha dicho que espera concluir la investigación antes de solicitar la repatriación de Puigdemont.

El ex dirigente catalán recibió la mayor cantidad de votos entre los candidatos separatistas en unas recientes elecciones regionales convocadas por las autoridades españolas para salir de la crisis. Ha dicho que quiere ser reincorporado a su antiguo puesto como líder de Cataluña.