El accidente sufrido en Jamiltepec, Oaxaca, por el helicóptero UH-60M matrícula 1071 de la Fuerza Aérea Mexicana, en el cual viajaban entre otros, Alfonso Navarrete, secretario de Gobernación y Alejandro Murat, gobernador del estado, y cuya caída causó la muerte de una docena de personas, ha sido absolutamente ignorado por quien, con motivo de los días del Estado Mayor Presidencial y el Ejército, usó a las Fuerzas Armadas —con aleve proceder—, como pretexto para sus pleitos y descarga de sus rencores, en una campaña “ciudadana” por la Presidencia de la República.
Me refiero a la señora Margarita Zavala de Calderón, quien el pasado 19 de febrero, en un artículo en El Universal (como parte de su campaña), no solamente ignoró a las víctimas del grave accidente, sino se impuso la tarea de lagotear falsamente a los soldados y prometerles aumentos de haberes y prestaciones para cuando llegue a la Presidencia de la República. O sea, nunca.
Si su marido metió a los militares en este berenjenal del cual no han logrado salir, y supuso suficiente compensación para los riesgos institucionales, vestir a sus hijos como para un desfile escolar y colocarse él mismo una casaca olivo, holgada y de mangas largas, con gorra de cinco estrellas, ella hace pública profesión de fe castrense, en un tono cuya sinceridad nadie compraría. La verdad es otra.
“Me indigna —dice— escuchar a Ricardo Anaya renegar de su actuación (de la de los militares; no de la de él), minimizar los resultados de su lucha e incluso afirmar sin vergüenza que va a instaurar “comisiones de la verdad”… me enoja el trato que reciben cuando escucho a López Obrador decirles, “perpetradores de masacres y prometer amnistía a los criminales…”
¿Se trataba, en verdad, de manifestar solidaridad y empatía con las Fuerzas Armadas, o de utilizar al Ejército como herramienta para promover una imagen convenenciera y oportunista y desahogar enquistados rencores propios y conyugales?
Decídalo usted.
PRI
Ante la insistencia de algunos y el murmullo de otros sobre la salida de Enrique Ochoa del PRI, como condición indispensable en la reconducción de la campaña de José Antonio Meade, muchos han volteado los ojos a Campeche. “Lito” es el sucesor, dicen y dicen.
Mientras, Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche, se dedica a sus asuntos.
Hace apenas unos días, en medio de la tormenta no terminada del problema petrolero en su estado y ante los integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos (Concanaco-Servytur) en su centenario, les dijo:
“Los convoco a que trabajemos juntos y en equipo, a que pensemos primero en nuestro país. Hoy tenemos certeza, certidumbre y claridad en el desarrollo económico, estabilidad social y política, y tenemos que cuidarla…
“…Campeche actualmente es un estado pujante que está consolidando su desarrollo económico, pues tras la crisis petrolera el gobierno ha establecido como meta, fortalecer nuevas vocaciones productivas como el turismo y la agroindustria”.
Agregó que también se comprometió a realizar más infraestructura, más obra pública y hacer de Campeche la entidad más segura del país, como actualmente lo avalan los estudios del Sistema Nacional de Seguridad Pública y organismos ciudadanos encargados de las mediciones, ya que son condiciones indispensables para atraer inversiones.
RENUNCIA
La detallada explicación de Ricardo Becerra, en estas páginas, del por qué y el cómo de su renuncia a la Comisión de Reconstrucción, solamente deja en claro una cosa: la existencia del Cártel de Donceles en una ciudad agobiada por la delincuencia.
Ésta es una mafia más, cuya perniciosa ambición no sólo provoca daños económicos, sino perjuicios institucionales.
Sus integrantes (Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero) forman una pandilla frente a la cual se vale preguntarse, ¿para satisfacer esta impresentable cleptocracia “legislativo-ejecutiva”, se piden más recursos para la ciudad?, ¿para éstos se movilizó la pía “sociedad civil” después de los temblores?, ¿para eso quieren la participación ciudadana?
Y mientras tanto los plazos fatales juegan en contra del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien ha dicho: mientras no haya una ley (cuyo texto está contenido en el decreto del sábado pasado, cuya atención no queda probada hasta ahora por los del Cártel de Donceles), no me iré del cargo.
Pues al paso mostrado por los “carteleros” (o cartelistas), podrá esperar sentado.