La ley de la oferta y la demanda rige para la prevalencia de la corrupción. Ésta persiste si hay quién la pague y, en ese terreno, los empresarios han tenido que “cruzar la línea” presionados por la creciente corrupción extorsionadora, señaló Gustavo de Hoyos Walther, presidente del Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Lo que ha crecido en este país lastimosamente es la corrupción extorsionadora. Esta corrupción que no parte de la idea de un empresario pequeño, mediano o grande de hacer un negocio ilegítimo, sino parte del retraso de una autoridad pública en el pago de una factura, de la descalificación sistemática y reiterada de los contratos de obra pública o suministro, y que termina por asfixiar a un empresario en su flujo hasta que finalmente cruza la raya y decide ser parte del fenómeno de la corrupción”, dijo
Entrevistado después de su participación en el panel ‘Fortalecer el Estado de Derecho y la Integridad Pública en el Foro OCDE México 2018’, De Hoyos señaló que el fenómeno de la corrupción alcanza costos equivalentes a la pérdida de hasta 9 por ciento del PIB.
“Tenemos que erradicar esta práctica que está asfixiando al país. Los empresarios no somos ni víctimas ni victimarios, pero hay que salvaguardar que las empresas, principalmente las más frágiles como las pymes, no sean víctimas de esta corrupción extorsionadora”, comentó.
Según Data Coparmex, el porcentaje de empresas de la confederación que ha experimentado corrupción en trámites públicos en el último año es del 44 por ciento, con diferentes incidencias según la entidad. Tabasco y Quintana Roo tuvieron las más altas, de 68 y 61 por ciento.
El presidente de la Coparmex destacó que a través de su Comisión Anticorrupción ha desarrollado material de cultura organizacional con códigos y protocolos sobre la relación con funcionarios públicos, y se está trabajando para introducir políticas anticorrupción entre el sector empresarial.
Sin embargo, también hay tarea desde el terreno de las autoridades, por lo que se reiteró la urgencia de que se completen los nombramientos que la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
También la Coparmex, como parte del colectivo ‘Vamos por Más’ y ‘Una Fiscalía que Sirva’, ha planteado a los candidatos a la Presidencia del país un reto para que se pronuncien por la necesidad de una fiscalía autónoma.
“Que sea eficaz y sustituya a la PGR, para lo que se requiere una modificación del artículo 102 de la Constitución para garantizar que, más allá de la persona que ocupe esta fiscalía, se garantice que se deje atrás la impunidad”, apuntó De Hoyos.