Cuando “los coordinadores de las bancadas del PAN, Marko Cortés; del PRI, Carlos Iriarte; del Verde, Jesús Sesma; de Morena, Rocío Nahle; del PES, José Alfredo Barreiro, y el vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano —todos, a excepción de éste, integrantes de la Junta de Coordinación Política que preside el panista—, hicieron un acuerdo público (en el programa de Joaquín López Dóriga en Foro TV, la semana pasada, de cuya página se toman estos entrecomillados), para subir el dictamen (de designación del Auditor Superior) al pleno y votarlo, y de reunir las dos terceras partes, aprobarlo…”.

O “…De lo contrario, reponerlo con la integración de una nueva terna a partir de los otros 39 aspirantes aprobados”, simplemente trasladaron la Junta de Coordinación Política de San Lázaro a la Avenida Chapultepec, y de paso confirmaron la debilidad institucional del Poder Legislativo.

Y, obviamente, demostraron la valiosa experiencia y la intuición informativa inmejorable de López Dóriga en el periodismo, para conducirlos por donde él quería, exhibirlos como incompetentes y mediocres.

No se comprometen con sus electores ni la imaginaria lealtad hacia ellos, sino a la visibilidad crítica de la TV. Y luego le dan la vuelta a todo.

Es un hecho, la televisión superó en calidad a este grupo del Poder Legislativo. Al menos esta televisión ante estos “legisladores”. Las instituciones públicas, esas por cuya defensa dicen ofrecer la vida los presupuestívoros, sometidas por los medios de comunicación quienes se convierten el algo más allá de su naturaleza: contralores ante la lenidad legislativa. Toda una muestra.

Pero no solamente ha sido en cuanto a los diputados esta superioridad de los medios en el trabajo público. Los bandazos del Instituto Nacional Electoral (experto en aplicar mal el código en la materia, por eso a cada rato el Tribunal lo mete en vereda con una vara de membrillo), ahora se expresan en el ridículo siempre sí, dice mi mamá a los debates mediáticos.

Ahora y en contra de su vehemente alegato adverso, se raja como jarro de Tlaquepaque y del mero asiento le sale esta mefítica declaración: bueno, sí, los candidatos pueden debatir en los medios.

Y una de dos, o era ilegal la prohibición o es ilegal la autorización. En este caso, indubitablemente, se trata de lo primero. Como también, sin duda alguna, es una violación a la ley hacer tres debates oficiales. La ley dice dos, no dice tres.

Veamos ambos casos:

“Artículo 218.- (6). Los medios de comunicación nacional y local podrán organizar libremente debates entre candidatos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente:

1. a) Se comunique al Instituto o a los institutos locales, según corresponda;
2. b) Participen por lo menos dos candidatos de la misma elección, y
3. c) Se establezcan condiciones de equidad en el formato.
4. La transmisión de los debates por los medios de comunicación será gratuita y se llevará a cabo de forma íntegra y sin alterar los contenidos. La no asistencia de uno o más de los candidatos invitados a estos debates no será causa para la no realización del mismo”.

¿Por qué entonces Lorenzo Córdova, “El censor” los prohibió para luego permitirlos? Por la presión mediática. Nada más.

Y esto:

“…1. El Consejo General organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República y promoverá, a través de los consejos locales y distritales, la celebración de debates entre candidatos a senadores y diputados federales.

“2. Para la realización de los debates obligatorios, el Consejo General definirá las reglas, fechas y sedes, respetando el principio de equidad entre los candidatos.

“3. Los debates obligatorios de los candidatos al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos serán transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias de uso público. Los concesionarios de uso comercial deberán transmitir dichos debates en por lo menos una de sus señales radiodifundidas cuando tengan una cobertura de cincuenta por ciento o más del territorio nacional…

“…El Instituto realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones y canales”.

—¿Por qué tres, como ha dicho el censor? Por presión de los medios.

Como es fácil advertir el cumplimento de la ley se da al contentillo (o al miedillo) del Consejo General. ¿General? No llega ni a sargento.

La debilidad a la cual empujan a las instituciones (la Cámara de Diputados o el INE, lo mismo da) es un problema artificial. Una institución apegada a la ley es invulnerable a la crítica, pero al perecer les importa más quedar bien (temporalmente) con los medios y mal con la ley.

Eso no le importa a nadie. Al menos no a ellos.