El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, no desiste de su postura y aseguró que seguirá reuniéndose con los grupos del crimen organizado que operan en Guerrero, porque es necesario y no es violatorio de la ley.

Hace unos días el representante católico dijo se reunió en la sierra de Guerrero con líderes de una organización delincuencial, quienes se comprometieron a no coaccionar el voto en el proceso electoral y a no asesinar a los candidatos que hagan campaña política en esa zona.

Autoridades y líderes de organizaciones sociales y partidos rechazaron la postura del prelado, sin embargo el obispo dijo que continuará con su labor de negociación con los delincuentes para lograr la paz.

Habló de su disponibilidad para ser interlocutor si ve “la necesidad de hacerlo”, o bien, si los feligreses o los delincuentes se lo piden. Y agregó “yo creo que podemos arrancarles un pedacito de voluntad a los malos”.

Rangel Mendoza dijo que hasta el momento, solo cuenta con el compromiso de un grupo delictivo de no atentar contra candidatos y aseguró que lo que hace no está fuera de la ley porque es por el bien de la comunidad.

Abogados piden que clérigo sea llamado a declarar

Los integrantes de la Barra de abogados de Guerrero hicieron un llamado al fiscal General del Estado, Javier Olea Peláez, para que cite a declarar al obispo.

“Hacemos un atento y respetuoso llamado al señor fiscal, a efecto de que inicie la capeta de investigación correspondiente, y si el ciudadano obispo no acude a declara en términos de lo que le obliga el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sea citado de manera oficial porque así lo dispone la ley”, dijo Victoriano Sánchez Carbajal, líder de los abogados.

Dijo que los posibles delitos en los que incurrió el obispo son encubrimiento y asociación delictuosa.

Además, agregó, todo líder religioso debe respetar la Ley de Asociaciones Religiosas, que en su artículo 21 bis señala que deberán informar a las autoridades sobre la probable comisión de delitos cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones.

Del mismo modo, el artículo 29 de esa ley dice que constituyen infracciones “oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reuniones públicas”.

Dijeron que la Secretaría de Gobernación puede iniciar los procedimientos administrativos de responsabilidades; también hicieron un llamado al secretario General de Gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame, para que presente la queja por las declaraciones “de pacto que ha manifestado el señor obispo”.

Y el tercer llamado que hizo la Barra de Abogados fue al secretario de Gobernación, para que en caso de que se presente la queja, “analice la posible alteración de la tranquilidad social y el orden público que se suscite con motivo de las declaraciones del señor obispo”.