La máxima corte de apelaciones de Brasil rechazó el pedido de una tercera parte para que Luiz Inácio Lula da Silva siga en libertad hasta que agote todas las instancias contra su condena por corrupción, dijo la defensa del exmandatario, que destacó que su propia petición sigue pendiente.

El juez federal Sergio Moro, considerado por muchos brasileños un cruzado contra la corrupción por su labor al frente de la “Operación Autolavado”, dio plazo a Lula hasta las 17 horas de este viernes para entregarse y comenzar a cumplir la pena de 12 años y un mes de prisión por un caso de corrupción.

Una fuente del Partido de los Trabajadores dijo que no se entregará.

La orden de Moro fue girada horas después de que el Supremo Tribunal Federal denegó por votación de 6-5 una solicitud de Lula de no ir a la cárcel mientras apela una sentencia que, según él, es sólo una maniobra para impedir que su nombre aparezca en las boletas de las elecciones de octubre. A pesar de sus problemas legales, Lula es el favorito en las encuestas.

En una nota, el magistrado dijo que le dio la oportunidad de entregarse voluntariamente porque fue presidente del país. Dijo que se le había preparado una celda especial, alejada de otros presos, en la cárcel de Curitiba donde debe presentarse.

El año pasado, Moro halló a Lula culpable de hacer favores a una constructora a cambio de la promesa de un apartamento en primera línea de playa. El fallo fue ratificado en enero por un tribunal de apelaciones.

La celeridad con la que el juez emitió la orden de arresto sorprendió a muchos, ya que según algunos expertos en derecho, hay cuestiones técnicas de la apelación de Lula que no prosperó que no serán solucionadas hasta la semana próxima. Estos detalles son “simplemente una patología que debería ser eliminada del mundo judicial”, afirmó Moro en su declaración.

Lula, de 72 años, fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero en un caso que involucra la cesión de un apartamento en un balneario del estado de Sao Paulo a cambio de contratos para una constructora con la petrolera Petrobras, la que está controlada por el Estado.

El líder, favorito en las encuestas de intención de voto para la elección presidencial de octubre, quedaría impedido de presentarse a cargos públicos al estar condenado por un tribunal colegiado.

El político ha negado ser dueño del departamento así como cualquier conducta impropia y dice ser blanco de una persecución política para que no compita en la contienda.