Rubén Hernández
El caso Ixtenco ahora integra amenazas de muerte de la síndico suspendida Lucía Rojas González contra el alcalde suspendido Miguel Ángel Caballero Yonca y su familia, denunció el munícipe públicamente al señalar que ha informado al Congreso de Tlaxcala de estos hechos ante las consecuencias que puedan existir.
Sobre este tema dio a conocer, que esta serie de amenazas e intimidaciones iniciaron desde el pasado 15 de enero, fecha en que estalló este conflicto con la toma de la presidencia por parte de la síndico, dos regidores del actual cabildo y de ex trabajadores del ayuntamiento inconformes.
En tanto señaló, que estas amenazas han alcanzado incluso a su familia y que esto ha llevado a agresiones al domicilio de sus padres para intimidarlos, de ahí que han roto los vidrios de este hogar entre otros desmanes que han quedado asentados en el Acta de Hechos 025/JM/2018 en el Juzgado Municipal de Ixtenco.
Estas amenazas de muerte refirió, han incluso sido vertidas en las redes sociales, por lo que son testimonios públicos.
Asimismo, acuso que desde que el primer regidor Giovanny Aguilar Solís fue designado como alcalde interino, el domicilio de Caballero Yonca ha sido vigilado por este y sus suegros, en recorridos que hacen en vehículos en diferentes horarios, ello dijo con la intención de intimidarlo por lo que sostuvo temer por su integridad física personal y la de sus familiares.
Aunado a todo ello, en días pasados un grupo de trabajadores de esta administración municipal denunciaron públicamente en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala, que han sido amenazados de despido por el alcalde interino Giovanny Aguilar Solís, pese a que en la víspera este anunció ofrecer certeza laboral a estos si trabajan para la comunidad y no para intereses personales.
Finalmente, cabe destacar que este grupo de trabajadores que dijeron representar a más de 100 empleados de confianza que se encuentran en esta situación, buscaron el acercamiento con el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez y del titular de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), Tito Cervantes Zepeda, así como también informaron de estos hechos al Congreso local para que conocieran las repercusiones de su resolución.
