- Y falsedad de acusaciones en el caso de supuesta comisión de secuestros exprés en 2015.
Isabel Miranda
El ex director de la Policía Estatal Acreditable, José Jorge López Pérez, denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a la ex procuradora Alicia Fragoso Sánchez y a elementos de la policía ministerial, por haber cometido contra él actos tortura y tratos crueles e inhumanos, junto con otros seis ex agentes que fueron imputados falsamente por haber cometido secuestros exprés en 2015.
Luego de un proceso judicial largo, entre febrero y abril de 2017 lograron salir libres seis los siete elementos, tras demostrarse con distintos pronunciamientos de jueces que no cometieron ningún delito y fueron exonerdos, pero además de demostró que sufrieron tortura para inculparse, responsabilizando a Alicia Fragoso como la autora intelectual de montar el caso, mientras que al entonces sub procurador, Víctor Pérez Dorantes, de ordenar los actos de tortura que aplicaron varios policías ministeriales.
En rueda de prensa este martes en el que estuvo acompañado de los abogados Juan Carlos Carmona Huerta y Eduardo Pretelín, así como los expolicías estatales Efrén Rodríguez Mariano y Patricia Aguilar Hernández, López Pérez pidió que la recomendación que emitió hace unos días la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a la Secretaría de Gobierno y a la PGJE de Tlaxcala, se cumpla a cabalidad para resarcirle el daño a los afectados, se les ofrezca una disculpa pública y sobre todo, sensibilidad para poder atender la denuncia presentada contra los exservidores y servidores públicos sin darle carpetazo.
Precisó que la denuncia contra la exprocuradora y otros se radicó el pasado 9 de abril en la mesa especializada en delitos relacionados con servidores públicos, mientras que los juzgados primero y segundo de los distritos judiciales de Guridi y Alcocer y Emilio Sánchez Piedras, respectivamente, acreditaron la inocencia de los policías y la falsedad de declaraciones bajo tortura de seis de los siete detenidos.
Los abogados de los interesados explicaron que tanto la Segob como la PGJE tienen 15 días para aceptar o no la recomendación de la CEDH; de ser así, en otros 15 días tendrán que cubrir el pago de salarios caídos de los seis policías liberados, pago de servicios médicos y psicológicos, y la emisión de una disculpa pública que reivindique su reputación.
Asimismo, llamaron a las autoridades jurisdiccionales a que concluyan el proceso a favor de Gema Clara Badillo Lara, una de las siete policías detenidas y torturadas en 2015, aún presa y con un proceso que ha tardado tres años.
