El Instituto Besario Domínguez (IBD) del Senado de la República, en un estudio, advierte que la derogación del fuero “podría derivar en la obstaculización del ejercicio de funciones gubernamentales o parlamentarias”.
Señala: “La eliminación del fuero puede constituir un instrumento de persecución entre adversarios políticos, en situaciones de tensión entre Ejecutivo y Legislativo”.
Un proyecto de reformas a ocho artículos de la Constitución, aprobado en la Cámara de Diputados, está detenido en comisiones del Senado, en las cuales analizan señalamientos de las consecuencias del retiro de la inmunidad a quienes desempeñan cargos públicos, desde Presidente hasta síndico, gobernadores y legisladores.
El estudio al proyecto de decreto previene que la presentación de juicios contra autoridades que tienen inmunidad para el ejercicio de sus funciones generaría una carga adicional al sistema de justicia.
Sin fuero, “las demandas civiles y penales ante el Ministerio Público podrían aumentar contra los hoy protegidos por el fuero federal, para obstruirlos en sus funciones con fines políticos”.
El fuero o inmunidad judicial, explica el IBD, fue creado en el mundo como un mecanismo para dotar de protección a los legisladores ante la persecución política derivada del desarrollo de sus funciones.
