El gobierno de la República condenó enérgicamente las agresiones que han sufrido candidatos y actores políticos y refrendó que partidos y abanderados tienen garantías de que podrán realizar sus campañas en condiciones de certeza y seguridad.
En voz del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el gobierno federal garantizó que tiene claro que no es parte del proceso electoral y asumirá su papel “para preservar el estado democrático de derecho y aplicar la ley a quienes la trasgreden con violencia”.
El posicionamiento se dio luego de que, en los últimos días se registraran el asesinato de 3 candidatos a cargos de elección popular: Abel Montúfar, quien aspiraba a una diputación por Guerrero; Adiel Zermann, candidato de PES y Morena a la alcaldía de Tenango del Aire, estado de México y José Remedios Aguirre, candidato de Morena en Apaseo del Alto, Guanajuato.
En mensaje a medios de comunicación emitido este medio día, Navarrete Prida recordó que de enero a la fecha ha sostenido 60 reuniones con dirigentes, autoridades electorales y actores políticos, incluido Leonel Fernández, jefe de la delegación de visitantes internacionales de la OEA.
Se les han planteado cómo desde Segob pueden coordinarse con autoridades de distintos niveles de gobierno para tener garantías para sus campañas, aseguró.
Navarrete recordó que el gobierno federal no puede, no debe ni desea salirse del marco constitucional por lo que no es parte del proceso a electoral y mantendrá la imparcialidad.
“Los únicos actores de la contienda electoral son los partidos y candidatos junto con las autoridades electorales”, insistió.
Por eso dijo que la administración del presidente Enrique Peña Nieto dará condiciones de certidumbre, civilidad y concordia “en materia de gobernabilidad y sobre todo en materia de seguridad”.
Además hizo un llamado a todos los actores políticos a debatir proyectos, contrastar visiones y expresar sus ideas y preferencias, pero que el contraste y de debate “no se convierta en encono, división y mucho menos incitación a la violencia contra partidos, candidatos o instituciones”:
El gobierno condena enérgicamente las agresiones hacia candidatos y rechaza de manera categórica los llamados cualquiera que sea su origen a la violencia o a violentar las leyes electorales, así como cualquier insinuación respecto a que desde el ejecutivo federal se pretenda interferir para inclinar la balanza a favor o en contra de coalición candidato o coalición alguna.
“En este sentido, asume plenamente sus obligaciones y sus responsabilidades, y actúa para preservar el estado democrático de derecho y aplicar la ley a quienes la trasgreden con violencia.
En México por sus ideas no se condena a nadie. Lo que sí es condenable es que cualquier acto de violencia que trastoque a las instituciones y por lo tanto se debe actuar en consecuencia.