Georgina Ballesteros

Por considerar que sale de su alcance la revocación de mandato al ser un procedimiento político-administrativo y no político-electoral, el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) sobreseyó las impugnaciones de la síndica y alcalde de Ixtenco suspendidos, Lucía Rojas González y Miguel Ángel Caballero Yonca.

En la sesión extraordinaria de este martes los magistrados aprobaron por mayoría el acuerdo presentado por el presidente del Tribunal, Luis Manuel Muñoz Cuahutle, quien propuso que fueran sobreseídos ambos casos debido a que la revocación de mandato sale de su competencia para ser resuelto.

El proyecto presentado señaló que los actos reclamados no pueden ser conocidos por los tribunales electorales, ya que la medida de suspensión es de carácter político-administrativa autorizada por la Constitución federal y que los actos reclamados por ambos actores no están enmarcados en lo político-electoral.

En tanto en el caso de violencia de género que aduce la síndica no se detectaron acciones u omisiones de personas o actores públicos dirigidos a la actora por ser mujer que tengan un impacto diferenciado en ella o le afecte desproporcionadamente por lo que se resolvió que no hubo violencia de género.

No obstante los argumentos, el magistrado Hugo Morales Alanís cuestionó el procedimiento del Congreso al no llevar a cabo el debido proceso para acordar la suspensión de ambos actores, ya que no se agotaron las etapas del procedimiento.

En este sentido el magistrado señaló “no se trata de un juicio sino de un acto aislado revestido con características aparentes de una revocación de mandato que está ordenando la suspensión que es otro juicio diferente que nunca se inició” advirtió.

Morales Alanís dijo que el Congreso dictó un acuerdo en el que aparentemente pretenden que se inició un juicio de revocación de mandato que no se inició porque no hubo petición mayoritaria del pueblo, y aunque se dijo consciente que el acto de revocación de mandato escapa a los tribunales electorales, advirtió que en este caso se violan los derechos político electorales de ambos actores por parte del Congreso del Estado al no llevar a cabo el debido proceso para resolver la suspensión por medio año.

“No tiene nada de revocación de mandato con el que se sanciona a ambos actores de entrada con una suspensión de mandato por seis meses”, sin embargo desde su punto de vista esto implica una afectación a sus derechos político-electorales independientemente de que la revocación de mandato no es de competencia del tribunal por lo que votó de manera particular con la no aprobación del proyecto.