Redacción Congreso del Estado

En lo que fue la séptima sesión ordinaria de la Comisión Permanente de la LXII Legislatura Local, se dio lectura a la iniciativa formulada por la diputada con licencia, Eréndira Cova Brindis, para adecuar diversas disposiciones de la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de Tlaxcala.

En el documento dado a conocer por la secretaria de la Mesa Directiva, Floria María Hernández Hernández, se justifica la necesidad de adecuar dicho precepto legal, con el fin de que se adicione a la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala, el derecho de que las personas que hayan sido víctimas del delito de robo de vehículo no paguen el servicio de grúas y corralones y puedan acceder a una reparación integral del daño adecuada transformadora y efectiva por parte del Estado.

En consecuencia, se dijo que en el ámbito de competencia de esta Legislatura se debe garantizar que a las víctimas de delito no se les vuelva a victimizar pues en todo momento es  obligación del Congreso del Estado promover, proteger, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos constitucionalmente y convencionalmente observando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Asimismo, se puso de manifiesto que según estadísticas que presenta la Asociación Mexicana  de Instituciones de Seguros (AMIS), en el periodo de Julio de 2015, a Junio de 2016, se robaron en el país 81,125 vehículos, de los cuales 59 por ciento fueron con violencia, lamentablemente hay Estados que están por arriba de esa proporción como es el caso de Tlaxcala con el 73.3 por ciento.

Además se hizo hincapié en que el porcentaje de recuperación de esos autos es muy baja ya que tiene cifras no alentadoras, pues sólo dos de cada cinco autos robados se recuperan, es decir, menos de la mitad, sin embargo, ese proceso de “recuperación” cuando es realizado por las autoridades competentes implica una re-victimización para el dueño o propietario de la unidad, víctima del delito de robo.

La propuesta se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio y análisis correspondiente.