Estados Unidos condenó este lunes la feroz represión de las protestas callejeras por parte de las fuerzas nicaragüenses y dijo que revocará las visas de los funcionarios vinculados con la violencia.
La condena internacional contra el presidente Daniel Ortega aumentó fuertemente la semana pasada por el despliegue de la policía y fuerzas paramilitares para sofocar los disturbios, que han dejado casi 300 muertos y decenas de heridos desde que comenzaron hace tres meses.
“Estados Unidos condena fuertemente la actual violencia en Nicaragua y los abusos a los derechos humanos cometidos por el régimen de Ortega en respuesta a las protestas”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.
Las manifestaciones se desataron por un plan de Ortega para reformar el sistema de seguridad social, pero la dura respuesta del Gobierno ha generado crecientes protestas contra la gestión del presidente.
Los manifestantes nicaragüenses demandan reformas democráticas después de años de elecciones fraudulentas y represión a partidos opositores y medios independientes, dijo la Casa Blanca.
“Estas demandas han sido abordadas con violencia indiscriminada, con más de 350 muertos, miles de heridos y cientos de ciudadanos falsamente etiquetados como ‘golpistas’ y ‘terroristas’ que han sido encarcelados, torturados o han desaparecido”, dijo la Casa Blanca.
Washington aseguró la devolución de vehículos donados a la policía nacional de Nicaragua, que han sido usados para reprimir a los manifestantes, e interrumpió ventas y donaciones adicionales de equipos que podían ser utilizados para sofocar las protestas.
Estados Unidos culpa a Ortega y a su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, de la situación.
“El presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo son los últimos responsables de la parapolicía pro-gubernamental que ha maltratado a su propio pueblo”, dijo la Casa Blanca, que agregó que Estados Unidos está revocando o restringiendo las visas de funcionarios nicaragüenses vinculados con la violencia contra los manifestantes, así como de sus familiares.
Washington impuso sanciones el mes pasado contra tres funcionarios nicaragüenses de alto rango que a su juicio han estado involucrados en abusos a los derechos humanos.
