REDACCIÓN

El Gobierno de Nicaragua miró hacia otro lado mientras bandas armadas rodeaban a manifestantes, algunos de los cuales fueron violados con rifles y torturados durante su detención, afirmó este miércoles un reporte de Naciones Unidas que fue rechazado como sesgado por Managua.

En una respuesta de 33 páginas, Nicaragua aseguró que el informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicado en Ginebra ignoró la violencia que pretendía derrocar a un gobierno democráticamente electo.

El reporte documentó violaciones a los derechos humanos cometidos entre el 18 de abril y el 18 de agosto, incluido el uso desproporcionado de la fuerza y asesinatos extrajudiciales por parte de la policía nicaragüense, desapariciones, detenciones arbitrarias extendidas e instancias de tortura y violencia sexual en centros de detención.

“La represión y las represalias contra los manifestantes continúan en Nicaragua mientras el mundo desvía la mirada”, afirmó en un comunicado el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein.

Más tarde afirmó que teme que Nicaragua siga el mismo camino que Venezuela y expresó su esperanza de que pueda ser persuadida para que deje de responder a las protestas con “puño de hierro”.

El reporte indicó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería considerar el establecimiento de una investigación internacional o comisión de la verdad para evitar que la situación empeore, aunque “el pavoroso efecto de la represión” y un “clima de terror generalizado” han logrado silenciar ya a muchos manifestantes.

El gobierno centroamericano dijo que no tiene una política de represión, pero que la paz fue restaurada en las calles.

Los detenidos fueron torturados con pistolas de descargas eléctricas Taser, alambres de púas, palizas con puños y tubos e intentos de estrangulación, señaló el reporte.

“Algunas mujeres han sido objeto de violencia sexual, incluida la violación, y describieron las amenazas de abuso sexual como comunes. Los hombres detenidos también mencionaron casos de violación, incluidas violaciones con rifles y otros objetos”, agregó.

Nicaragua asegura que no hubo arrestos arbitrarios y que todas las detenciones fueron realizadas de acuerdo a la ley, sin casos documentados de tortura o agresión sexual.

“El Estado de Nicaragua no está de acuerdo con el contenido y las recomendaciones del denominado informe por estar basadas en informaciones parcializadas y subjetivas, lo que (…) induce a recomendaciones innecesarias y sin fundamento”, dijo el gobierno del presidente Daniel Ortega en una extensa carta compartida con Reuters por su misión en Ginebra.

“No se observa en el denominado informe ninguna preocupación por los actos de violencia de parte de grupos golpistas que, con su pretensión de alcanzar el poder político del país a través de un intento fallido de golpe de Estado, han violentado el orden constitucional, irrespetando los derechos a la vida, la integridad personal, la libre circulación”, agregó.

La violenta represión de las protestas contra Ortega, un exlíder guerrillero marxista, ha generado condena de la comunidad internacional. El informe de la ONU dijo que más de 300 personas perdieron la vida y 2 mil resultaron heridas.

Funcionarios nicaragüenses indicaron que la muerte de 22 policías demuestra que las manifestaciones no fueron pacíficas, aunque el reporte de la ONU dijo que no halló pruebas de violencia coordinada o planeada por parte de los manifestantes.

Tras el inicio de las protestas en abril, personas asociadas con el partido sandinista gobernante fueron movilizadas como “fuerzas de choque” o “pandillas” para atacar a manifestantes pacíficos, mientras paramilitares progubernamentales armados arrestaban a manifestantes en diferentes partes del país, según el reporte.

Un plan del presidente Ortega para reducir los beneficios de los pensionados desató las protestas a mediados de abril. El Gobierno se retractó de la medida poco después, pero su severa respuesta a las manifestaciones generó más turbulencias por el rechazo a la gestión del mandatario que enfrenta su peor crisis política desde que retomó el poder en 2007.