REDACCIÓN

El gobierno de Enrique Peña tuvo en el tema de seguridad su principal tropiezo. Su administración será recordada como la etapa más violenta en la historia, con 135 mil víctimas de homicidio, y cargará el estigma de polémicos casos, muchos aún impunes, ocurridos durante su sexenio, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Otro tema que manchó su gobierno fue la corrupción imputada a gobernadores que él mismo calificó como la nueva generación del PRI, entre ellos Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, cuya sentencia de sólo nueve años de prisión irritó a la sociedad.

Aunque también hubo aciertos. Quizá el mayor fue la implementación del Nuevo Sistema de Justicia que, aparejado, trajo lo que los juristas llaman hipergarantismo en materia de protección de los derechos humanos.

Un logro más de Enrique Peña, que incluso le valió reconocimiento internacional, fue la doble captura y extradición de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, hoy bajo proceso en Estados Unidos.

La estrategia de seguridad del priista incluyó desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública federal; mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública (sin marco legal), y priorizar la inteligencia contra el crimen.

Al inicio de su gobierno, Peña Nieto identificó a 122 criminales que, por su importancia en la estructura delictiva, se les ubicó como “objetivos prioritarios”. A la fecha ya se detuvo a 113, entre ellos ‘El Chapo’.

Quienes encabezan la lista de los aún prófugos son Ismael Zambada, ‘El Mayo’, líder del Cártel de Sinaloa y Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, del Cártel de Jalisco, este último señalado como principal generador de violencia y por quien los gobiernos de México y Estados Unidos ofrecen millonarias recompensas.

Entre 2013 y 2014 el índice de homicidios bajó 27 por ciento en relación con el último año del gobierno de Felipe Calderón, que cerró 2012 con 21 mil 459 homicidios. Se pensó que la guerra contra el narcotráfico había sido superada. Pero en 2015 el índice de homicidios subió a niveles nunca vistos; el robo de hidrocarburo se disparó; ocurrieron los casos Tlatlaya, Tanhuato y Palmarito, en los que se acusó al Ejército y Policía Federal de ejecución extrajudicial.

El Ejército también sufrió ataques fatales. El derribo de un helicóptero el 1 de mayo de 2015 en Jalisco, y la emboscada en septiembre de 2016, en Sinaloa, fueron los más graves y dejaron 14 militares muertos.

En el sexenio hubo 184 bajas de soldados en la lucha contra el crimen, y el número de quejas por violación de Derechos Humanos contra el Ejército bajó 80 por ciento.

Pero la desaparición de los 43, un caso que era local, puso al gobierno de Peña Nieto en el escrutinio internacional. Los más de 120 detenidos no ayudaron a borrar las dudas sobre la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo, ni su negativa de abrir una “comisión de la verdad”.