REDACCIÓN
Para garantizar que la impunidad no prevalezca en los casos de corrupción del gobierno federal, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentó, durante noviembre, más de 60 denuncias, penales y administrativas.
Estas fueron en contra de servidores públicos de 19 dependencias centrales y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal y diversas empresas privadas por el manejo irregular y desvío de más de 6 mil 700 millones de pesos.
El organismo solicitó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que honrando su palabra y en el ámbito de sus facultades, garantice las condiciones necesarias para que el fiscal general de la República y fiscal anticorrupción, así como la Secretaria de la Función Pública, prosigan con las investigaciones de las denuncias ya presentadas garantizando el acceso a la justicia y combate a la impunidad.
María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción, manifestó su extrañeza ante la declaración de López Obrador “que prometió a la ciudadanía el combate a la corrupción y la impunidad, comunicó que pondrá punto final a la época en que un gobierno entrante perseguía exfuncionarios que presuntamente habían cometido actos de corrupción”.
Ante ello, rechazó que funcionarios corruptos se vayan sin recibir castigo alguno por sus delitos.
“Coincidimos en que el combate a la corrupción no debe agotarse en un enfoque punitivo ni en el encarcelamiento de algún famoso para que luego todo siga igual, pero no hay que olvidar que una de las causas fundamentales de la corrupción es, precisamente, la impunidad”, indicó.
Expuso que las 60 de denuncias presentadas este mes, responden a la afirmación del presidente electo en el sentido de que toda investigación abierta, continuará.
Esta acción jurídica colectiva fue promovida ante la Unidad Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la República (PGR) y distintos órganos internos de control de la Secretaría de la Función Pública (SFP), respectivamente, con evidencia utilizada, en cada una de las denuncias, con investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.
Casar advirtió que continuará impulsando acciones legales contra de funcionarios públicos y privados que participen en actos y redes de corrupción, a fin de reducir los índices de impunidad en México y conseguir la reparación del daño causado a la hacienda pública.
MCCI detalló las denuncias presentadas por el desvió de recursos federales:
- Sedatu: mil 747 millones 666 mil 248.78 pesos
- Pemex: mil 142 millones 567 mil 755.51 pesos
- Secretaría de Salud: 752 millones 539 mil 536.36 pesos
- SEP: 702 millones 349 mil 913.21 pesos
- Centro Nacional de Control del Gas Natural: 329 millones 347 mil 993.44 pesos
- Consejo Nacional de Fomento Educativo: 280 millones 614 mil 513.20 pesos
- Grupo Aeroportuario de la CDMX: 267 millones 617 mil 210. 13 pesos
- Secretaría de Economía: 237 millones 514 mil 223.77 pesos
- Secretaría de Cultura: 233 millones 55 mil 675.86 pesos
- Sedesol: 186 millones 162 mil 968.66 pesos
- Senasa: 148 millones 910 mil 424.38 pesos
- CFE: 141 millones 905 mil 383.36 pesos
- Fovissste: 129 millones 246 mil 398.12 pesos
- SCT: 104 millones 69 mil 35.47 pesos
- Semarnat: 71 millones 425 mil 957.36 pesos
- SRE: 53 millones 146 mil 689.14 pesos
- Segob: 48 millones 411 mil 230.53 pesos
- Conagua: 42 millones 802 mil 773.50 pesos
- Sagarpa: 30 millones 405 mil 277.29 pesos
