REDACCIÓN
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay pruebas de que los militares encargados de la seguridad de los ductos de Pemex “tenían información sobre el robo y no actuaban”.
MILENIO publicó que las cuentas del general Eduardo León Trauwitz y el teniente coronel Wenceslao Cárdenas, ex titulares de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex, así como el general de brigada Sócrates Alfredo Herrero, gerente de Seguridad Física de la SSE, y el coronel de infantería Emilio Gosgaya, gerente de Gestión Técnica de la misma área, ya fueron congeladas por el gobierno federal, por su presunta participación en la red que desde el interior de Pemex permitía la operación de bandas de huachicoleros.
Los tres ex funcionarios del gobierno federal están en la lista de solicitudes de órdenes de aprehensión que se pedirán a la Procuraduría General de la República (PGR).
López Obrador dijo que desconocía que los generales intimidaban a los trabajadores de Pemex para que dejaran sin habilitar tomas clandestinas y así se pudiera seguir extrayendo el combustible, pero afirmó que hay otras puertas que demuestran omisión.
“No, pero hay otras pruebas. Eso sí, lo que les decía, cuando menos que se tenía la información sobre el robo y no se actuaba, y otro tipo de elementos. Pero eso corresponde a los procesos judiciales”.
Explicó que aunque sabe que hay interés de los ciudadanos porque se den a conocer nombres concretos de los responsables, cuidarán el debido proceso “para no ayudarles a que puedan evadir la acción de la justicia”.
“Sí decirles que no vamos a permitir la corrupción ni la impunidad y se está actuando en ese sentido. No quiero incumplir con el compromiso de respetar los procesos legales, el debido proceso y hemos dicho que vamos a actuar con mucha responsabilidad. Lo estamos haciendo”.
Indicó que instruirá al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para que en la medida de lo que permita el respeto a los procesos legales, se informe del avance de las indagatorias contra aquellos que se tienen pruebas de su vínculo con el robo de combustible.
