REDACCIÓN
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha calificado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ‘deshonesta’, a la agencia de calificación Fitch Ratings de ‘hipócrita’, y a líderes predecesores de dejar una pocilga de corrupción. Pero desde que asumió el cargo, nunca ha arremetido contra un organismo de la forma en la discute con el titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Desde el podio donde ofrece su rueda de prensa diaria, López Obrador acusó la semana pasada a Guillermo García Alcocer de tener conflictos de intereses y aseguró que debería dimitir del puesto de responsable de la CRE. Tres cargos proporcionaron más detalles sobre las investigaciones al regulador, incluidas insinuaciones de que un familiar estaba involucrado en lavado de dinero.
No es extraño que el mandatario señale a reguladores y agencias independientes, pero el líder no suele hacer énfasis a personas concretas, y mucho menos atacarlas con investigaciones.
El caso de García Alcocer también destaca porque el titular de la Comisión ha criticado al mandatario y se ha manifestado en contra de los recortes presupuestarios y las designaciones del Ejecutivo a la junta del regulador. García Alcocer niega cualquier conducta inapropiada.
La campaña está aumentando los temores de que López Obrador, quien llegó al poder como defensor del pueblo, podría volverse aún más radical al intentar sofocar la oposición.
Después de ganar por una victoria aplastante, una mayoría en el Congreso y la gran parte de las legislaturas estatales en 2018, el presidente tiene un firme control sobre el país que podría aumentar aún más si se debilita el papel de los reguladores.
“En México, los presidentes tienen una influencia muy fuerte, pero para que funcione nuestra democracia necesitamos más controles y equilibrios, y el presidente los está neutralizando”, dijo Javier Oliva, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Abrir investigaciones legales contra detractores del presidente es un precedente muy malo”.
López Obrador, quien asumió el cargo en diciembre, mencionó en una conferencia de prensa el jueves que las investigaciones sobre García Alcocer no tienen nada que ver con las críticas del regulador, y que comenzaron hace ya un tiempo.
Limbo energético
La investigación al regulador energético podría sacudir a los inversores que apostaron por el país después de los cambios legislativos de hace cinco años, que pusieron fin al monopolio del Gobierno sobre la industria petrolera.
Desde entonces, gigantes como Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, BP y Chevron han invertido fondos en actividades de perforación, gasolineras e infraestructura energética, con más de 100 mil millones de dólares en compromisos de inversión.
Esos proyectos están ahora en peligro conforme López Obrador pone fin a las políticas de reforma de su predecesor y dificulta la vida de los funcionarios que ayudaron a diseñarlas. Juan Carlos Zepeda, exjefe de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y arquitecto de la reforma, renunció a mediados de noviembre a petición de la secretaria de Energía, Rocío Nahle.
La comisión de energía de García Alcocer ha estado paralizada tras la marcha de cuatro comisionados en menos de dos meses, lo que ha dejado al regulador con menos del quórum necesario de cuatro personas para celebrar sesiones y aprobar permisos.
El mandatario también recortó su presupuesto para este año en 30 por ciento, lo que obligó al regulador a eliminar 54 puestos de alto nivel.
“La visión del presidente para una presidencia exitosa es que necesita concentrar el poder en el ejecutivo tanto como sea posible, y los organismos reguladores y las agencias autónomas ayudan a fragmentar el poder en todo el cuerpo político”, dijo Nicholas Watson, director gerente de investigación en Latinoamérica de la firma de asesoría Teneo.
“Lo que me preocupa es que comience a perseguir la corrupción por razones políticas”.
