REDACCIÓN
El Gobierno del presidente Donald Trump se está preparando para que, por primera vez, se permitan juicios en tribunales de Estados Unidos contra empresas extranjeras que operan en Cuba y usan propiedades confiscadas por el gobierno comunista a cubanoamericanos y ciudadanos estadounidenses.
La medida, que podría anunciarse este lunes, amenazaría los intentos de Cuba para atraer más inversión extranjera y también parecen apuntar a castigar a La Habana por su apoyo al presidente socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, quien enfrenta una crisis política y económica.
“El papel de Cuba en la usurpación de la democracia y el fomento de la represión en Venezuela es claro. Por eso, Estados Unidos seguirá endureciendo las restricciones financieras a servicios militares y de inteligencia de Cuba”, dijo en Twitter el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton.
La ley, parte del embargo comercial a Cuba impuesto hace seis décadas, permitirá algunas demandas en contra de compañías extranjeras que utilizan propiedades confiscadas por el Gobierno cubano tras la Revolución de 1959.
Cada mandatario estadounidense desde Bill Clinton ha suspendido una sección de la Ley Helms-Burton de 1996 la cual permitiría entablar tales demandas debido a que atraparía a compañías de países aliados de Washington en años de litigios complicados que podrían provocar denuncias comerciales a nivel internacional contra Estados Unidos.
Entre los principales inversionistas en Cuba se encuentran el gigante británico de la industria del tabaco, Imperial Brands, que opera una empresa conjunta con el Gobierno cubano para producir habanos de muy buena calidad.
Las compañías hoteleras españolas, Iberostar y Meliá, tienen decenas de hoteles a lo largo y ancho de la isla caribeña y el fabricante de bebidas francés, Pernod-Ricard, que hace el ron Havana Club con una destilería estatal cubana.
