REDACCIÓN
Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, discutirá este miércoles con sus contrapartes del llamado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) una serie de acciones para contrarrestar el crimen organizado y el tráfico ilegal de migrantes y drogas a su país procedentes de Centroamérica.
Nielsen arribó a Tegucigalpa la noche del martes tras entrevistarse en Miami con la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, con quien analizó medidas para impedir la frecuente llegada a ese país de caravanas de miles de centroamericanos que intentan ingresar a territorio estadounidense.
“Se busca fortalecer las fronteras de la región para contrarrestar el crimen organizado”, anunció la cancillería hondureña en un comunicado entregado a The Associated Press.
En la cita participan los ministros de Seguridad de Guatemala, Antonio Degenhart; de El Salvador, Mauricio Ramírez, y de Honduras, Julián Pacheco.
Las conversaciones dan continuidad a los compromisos adoptados en Washington en octubre durante la II Conferencia sobre la Prosperidad de Centroamérica de los mandatarios de los países del Triángulo Norte y el vicepresidente norteamericano Mike Pence.
Nielsen también sostendrá un encuentro privado con el presidente hondureño Juan Hernández y su esposa Ana García con el objetivo de conocer las gestiones emprendidas por el Gobierno para controlar las causas estructurales de la migración.
Tony Hernández, hermano del presidente, se entregó a finales de 2018 a los tribunales de Estados Unidos, donde es juzgado por ingresar toneladas de cocaína durante 10 años consecutivos.
Además, un hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014) está arrestado en ese país por delitos similares.
Ambos hechos ocurrieron poco después de que el ex líder del cartel hondureño ‘Los Cachiros’, Leonel Rivera, testificó tras un acuerdo con la fiscalía de Nueva York que había sobornado al entonces congresista Tony Hernández a cambio de cooperar en sus actividades delictivas. Rivera colabora con las autoridades norteamericanas desde 2013.
