Andrea Moreno
Los ambulantes que existen en esta zona de la ciudad se roban la electricidad de los cables que surten la energía a los comercios establecidos y otros directamente del alumbrado que paga el Gobierno a plena luz del día y con las autoridades cerca, una tercera parte de ellos se cuelgan, literalmente, de los postes del alumbrado público para obtener la electricidad gratis, mediante los llamados diablitos
Los comercios y el consumidor podemos ver esto con sólo voltear hacia los postes de luz, los únicos que no quieren verlo son las autoridades, cuando se les señala hacen caso omiso y ponen cara de que yo no sabía, lo cual refleja pérdidas económicas para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de alrededor de 25,000,000 en todo el país y en Apizaco no es la excepción de este gran problemática.
Donde los comerciantes, con tal obtener energía eléctrica sin ningún costo y de manera fácil, deciden colocar “diablitos” cayendo en un delito penado por la justicia, sin embargo aunque ha sido detectado no son sometidos al corte inmediato al suministro eléctrico, ya que es en la vía pública y afectarían a las familias que viven cercano a los lugares y grandes multas no son aplicadas como debería, ya que este delito no es tan castigado a diferencias de los hogares.
Como lo establece el Código Penal Federal, el artículo 368 establece que cuando un usuario toma de manera clandestina del “fluido eléctrico”, es decir, cuando no tiene un contrato de suministro, ni un medidor de luz, recibe sanciones de tres a 10 años de prisión y multas por arriba de los 66 mil 450 pesos, cuestión que no se aplica a los comerciantes de Apizaco
Actualmente los “diablitos” que instalan usuarios en sus hogares o negocios son detectados por los comités de electrificación de la paraestatal, aunque la población puede pensar que no es posible que puedan identificarlos de forma inmediata, no es así, ya que el comportamiento eléctrico en las líneas de los transformadores es de saturación y después fallas.
Sin embargo no son regulados por la autoridad que permiten que se “cuelguen” de las líneas de energía eléctrica que atraviesan las calles y avenidas, tanto principales, como alternas y para que la CFE ejerza acción penal puede solicitar la intervención de la Procuraduría General de la República, para que inicie las averiguaciones previas y abra las carpetas de investigación necesarias para solucionar el problema en la calle que se reporte.
Para combatir la toma clandestina, la paraestatal inició un programa de cambio de red de energía eléctrica de cable sin protección a cable forrado, pues la fuga representa pérdidas en grandes sumas económicas, pero el problema es la apatía e indiferencia de la sociedad con las acciones que requieren hacer para mejorar esta situación.
