Redacción

El 23 de mayo de 2013, el empresario tapatío Alejandro Sánchez Garza fue encontrado culpable por lavado de dinero, al invertir recursos de procedencia ilícita en la adquisición de restaurantes e inmuebles, pero quien lo sentenció no fue un juzgado mexicano, sino una corte federal de Estados Unidos.

A lo largo de 11 años, la Fiscalía General de la República (FGR) sólo logró una sentencia condenatoria por cada 10 investigaciones iniciadas por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), conocido como lavado de dinero.

De acuerdo con datos proporcionados vía Transparencia, desde el 1 de enero de 2009 hasta el 2 de octubre de 2019 suman dos mil 341 investigaciones iniciadas por este ilícito, de las que solamente 223 han concluido en sentencias o personas en la cárcel;esto es, sólo uno de cada 10 casos.

En la Fiscalía hay tres áreas para realizar investigaciones por lavado: la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y la Unidad Especializada en Análisis Financiero. De éstas, la primera concentra prácticamente 90% de las investigaciones; incluso, algunas de las pocas indagatorias en manos de las otras dependencias “pueden ser complementarias a las de la SEIDO”, aclara la FGR.

El pasado 30 de julio se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda había cuadruplicado el bloqueo de cuentas este año (tres mil 231), en comparación con las reportadas en 2018 (758). No obstante, las sentencias por lavado de dinero en 2019 han sido solamente 19.

“No debemos comprar la idea de que sólo las investigaciones o los congelamientos de cuentas son un indicador de éxito”, precisa Lucía Almaraz, académica de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa).

Alfonso Partida Caballero, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), apunta que mientras las autoridades presumen cifras sobre la baja en delitos, guardan silencio en resultados contra el lavado. “El crimen organizado no se puede entender sin el contubernio del Estado. En el lavado de dinero están metidos empresarios, funcionarios y gente de los poderes judiciales, con una red de protección política que es muy clara y que solamente no la ve la autoridad”.

¿Qué es el lavado?

• Es el proceso que consiste en encubrir el origen de recursos que se generan de actividades ilícitas, tales como tráfico de drogas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión o evasión fiscal.
• La operación pretende que el dinero obtenido, a través de actividades ilícitas, aparente ser el fruto de actividades legítimas y que circule sin problema en el sistema financiero.

Ejemplos

• Un grupo del crimen organizado se puede hacer valer de prestanombres para que ellos adquieran inmuebles y monten negocios donde las operaciones y ganancias sean difíciles de comprobar; por ejemplo, casinos, bares, centros nocturnos o casas de empeño.
• Posteriormente, las ganancias de las actividades ilícitas de los grupos del crimen organizado fluyen a través de tales negocios que luego envían los recursos al sistema financiero como si fueran obtenidos de manera legal.
• Así, un negocio puede aparentar que vendió un reloj de oro que costó 100 mil pesos en un millón, con lo que “lavan” 900 mil pesos de origen ilícito.
• También un bar puede reportar ganancias del doble de lo que se percibió por la prestación de sus servicios.