En ese abismo de perspectivas, el punto más rele-gado de las políticas ha sido la conciliación y la verdad
Poner en duda la legitimidad del reclamo de paz y justicia no envía una buena señal del gobierno. Es una mala respuesta, porque perfila a la política de pacificación como otro espacio de confrontación del que acaban por expulsar a los que no quepan en el discurso oficial. La desunión no es buena noticia para la paz y la descalificación es otro obstáculo más para reconciliar a las víctimas y enfrentar los tiempos más violentos de la historia moderna del país después de dos décadas de fracasos en seguridad.
Decidir que hay una porción de la exigencia de las víctimas de la que no pueden disponer libremente, sólo lleva a profundizar la brecha y el resentimiento. Conculcar la demanda de verdad o reparación del daño, a devaluar la herencia del agravio entre los deudos forzosos del crimen y acrecentar la inseguridad que ninguno de los últimos cuatro gobiernos de distintos partidos ha logrado parar, incluido el actual. El 2019 fue el año más violento desde que se tienen registros, a pesar de que algunos delitos han cedido un poco.
La negativa del Presidente a recibir a la Caminata por la paz, la justicia y la verdad, que salió de Morelos para llegar a Palacio Nacional, abre otro resquicio por donde se pierde la esperanza de seguridad, o la certeza de voluntad y entendimiento para encontrar una estrategia que revierta fracasos en seguridad. López Obrador justificó su decisión para no permitir un “show” propagandístico y evitar falta de respeto a la investidura presidencial, cuando lo que está en juego no es el carácter del cargo público sino la dignidad de las víctimas. Una muestra clara del desencuentro con un movimiento con el que apenas en la campaña electoral compartía una agenda para la pacificación, como viejos compañeros de ruta.
La exigencia de la paz y seguridad en el país es un viejo reclamo de la ciudadanía, y no sólo de las víctimas, sino un derecho de todos. La primera llamada de atención data de 1997 a un gobierno del PRI, luego otras tres manifestaciones en 2004, 2008 y 2011 a administraciones panistas y la quinta en 2014 al priista Peña Nieto. Pero si algo iguala las respuestas es la falta de resultados contra la violencia, a pesar de la creación de instituciones ex profeso para recuperar la seguridad, como la PFP en 1999, la Gendarmería Nacional de Peña Nieto y ahora la Guardia Nacional en la era lopezobradorista. El reclamo, sin embargo, sigue siendo el mismo a lo largo de dos décadas, no se trata sólo de un tema policiaco para vencer al crimen o lidiar con un subproducto de la lucha contra el narco, sino de recuperar la paz.
En ese abismo de perspectivas, el punto más relegado de las políticas ha sido la conciliación y la verdad. Los integrantes del Movimiento por la Paz, encabezado por Javier Sicilia y los LeBarón, leen en la respuesta presidencial falta de entendimiento y rehuir a las víctimas por “no tener que decirles”, pero, sobre todo, ven el olvido de la agenda que pactaron con López Obrador como candidato para la pacificación. Esa agenda partía de reconocer que se requieren mecanismos extraordinarios de justicia y reparación para enfrentar situaciones extremas de violencia como las que vive el país, y no sólo respuestas policiacas, como han hecho otros países para enfrentar crisis de derechos humanos.
En campaña, López Obrador tuvo encuentros traumáticos con las víctimas en los foros de pacificación, antes de que ofreciera la Guardia Nacional como pilar de su política de paz, con la creación de un cuerpo militarizado para enfrentar al crimen. Por eso, el Movimiento por la Paz rechazará reunirse con el gabinete de seguridad como ofreció López Obrador, quien, a su vez, no está dispuesto a aceptar críticas a su estrategia de seguridad antes de tiempo, para dar resultados. El gobierno defiende que algunos delitos han descendido, pero no puede omitir que 35,000 homicidios en un año representan una crisis de violencia.
En ese diálogo disruptivo, la clave será la respuesta del Presidente a la marcha y las posibilidades de salvar posiciones como condición para construir alternativas en el doloroso y accidentado camino contra el crimen y la violencia.
