El gobierno rasca dinero de sus cajones, de sus ahorros y “estira la liga” para que los empresarios pongan recursos en su salvamento antes de acceder a apoyos fiscales o deuda. Es un juego riesgoso porque se puede romper la cuerda y luego será más difícil revertir pérdidas, si como se prevé, la economía caerá en depresión este año. El plan de emergencia que hoy presenta López Obrador revelará hasta dónde privilegiará su proyecto político sobre la crisis económica y su pulso con la cúpula patronal, el cual rema en contra de la necesidad de un acuerdo nacional contra la crisis.

No obstante la expectativa sobre las medidas económicas, el Presidente, ante la inminente recesión, refleja en sus declaraciones un abordaje político como otro momento de esa confrontación. Eso explicaría una expresión tan controvertida sobre la pandemia “como anillo al dedo para afianzar la transformación”. La crisis como una oportunidad para modificar la correlación de fuerzas. Una visión política así hablaría de aprovechar el desfonde económico de sus adversarios para ir a fondo con la 4T, aunque el cotejo agravara más la recesión y la pobreza de millones de mexicanos.

Los empresarios han pedido auxilio ante la crisis, pero al mismo tiempo son los principales sacadores de divisas a bancos estadunidenses en América Latina, con depósitos en 2020 que multiplican tres veces la afluencia de inversión extranjera del año pasado. Su comportamiento abona al alegato de López Obrador de no repetir un rescate como el Fobaproa que endeudó al país y acabó por enriquecer más a los que sacaron sus arcas para asegurarlas fuera. Sin embargo, no convendría soslayar la centralidad del Estado ante una situación extraordinaria cuando hoy en el mundo el único camino posible ante la crisis es la intervención del Estado y la inyección masiva de dinero, no sólo el reparto de exiguos ahorros.

En su Plan podría quedar escrito lo que piensa o no hacer el resto del sexenio, a pesar de que el torbellino no se detendrá tampoco en sus programas prioritarios como el rescate a Pemex. Su enfoque político de la crisis con posturas como “dejar fuera de la caja” el rescate de empresas, ha cimbrado a los técnicos de su gabinete. La desautorización de los criterios de política económica de Hacienda hace que la permanencia de Arturo Herrera penda de un hilo, así como otros miembros de su gobierno. La huida hacia delante de la 4T puede implicar el confinamiento del Presidente en un círculo político cercano que le recomienda profundizar su proyecto y pertrecharse en los programas sociales para cuidar sus bases hacia las elecciones y el referéndum revocatorio de mandato en 2021. Sería un error porque aleja un acuerdo nacional entre todos los actores económicos imprescindibles para salir de la crisis.

No obstante, también hay señales de entendimiento con un sector que, desde la crisis financiera de 2009, superó al Estado como principal fuente de inversión y no puede quedar excluido de la reconstrucción económica. En primer lugar, en la reunión con la cúpula empresarial esta semana habrían acordado proteger el empleo y un programa de créditos a las Pymes por 60,000 millones de pesos a través de la banca de desarrollo que no suponga déficit o deuda. También revisar la proveeduría de sectores estratégicos y alinearlos con EU para no interrumpir cadenas productivas de suministro, como ya sucedió con el sector aeronáutico.

La apuesta del gobierno, por lo pronto, es financiar el rescate con ahorros e incautación de recursos de los fideicomisos y organismos públicos, excedentes de operaciones de Banxico y la banca de desarrollo, así como el dinero de los contribuyentes antes de contratar deuda o hacer reasignaciones presupuestales de sus programas prioritarios.

Por ello, persisten dudas de si se dimensiona la crisis y de su capacidad para flexibilizar posturas con fórmulas heterodoxas, como ocurre hoy en el mundo, ante el impacto de la pandemia en la economía. La posible renuncia de Herrera por discrepancias en los criterios de política económica no es un dato alentador, pero lo más grave sería que el Plan nuevamente evada el sentido de urgencia o traslade a la población la responsabilidad de una crisis extraordinaria, qué como tal, exige respuestas inéditas del Estado.