Redacción

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el gobierno en contra de la controvertida Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Específicamente, argumentó, es contraria a los artículos constitucionales 16, 28 y 133, así como de otras leyes energéticas, lo que “afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que opere en condiciones de competencia y eficiencia”.

Agregó que “incide de manera grave y trascendente en su esfera de actuación, al impedirle promover y proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico, ya que con la entrada en vigor de la política dejan de existir los elementos básicos para que funcione en condiciones de competencia”.

Para la Cofece, si bien es un propósito legítimo y deseable incrementar la confiabilidad y seguridad del SEN, también es necesario determinar por qué se dejó de lado el mandato constitucional de preservar la competencia económica.

Consideró que la Corte debe determinar cuál es la mejor alternativa disponible para respetar los mandatos de la Constitución en materia de competencia económica, sin descuidar la confiabilidad y seguridad energética, a fin de hacer cumplir esos objetivos porque bajo la política emitida por la Secretaría de Energía (Sener) no se atienden.

“La Cofece solicita a la Suprema Corte pronunciarse sobre los límites que tiene un regulador sectorial frente a los principios constitucionales de competencia cuando emite una disposición que afecta tan gravemente la dinámica competitiva de un mercado, en perjuicio del mandato que corresponde tutelar a la Cofece y del bienestar de los consumidores”, expuso.

Esta controversia se hizo pública justo el día que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no saber a qué se dedica ni qué hace la comisión. A pesar de que una investigación tarda dos años y medio, el Mandatario afirmó que conoce de un caso en el cual, en dos años, la Cofece no pudo resolver una queja por monopolio.

La política energética generó más de 50 amparos por el sector privado, en particular por parte de empresas generadoras de electricidad con energías limpias, que debieron frenar las pruebas para su entrada en operación.

Para la Cofece, tanto la Constitución como las leyes en materia eléctrica establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad.

En un comunicado, la comisión explicó que la política es contraria a la competencia, al criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista.

El acuerdo por el que se emitió la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo.