por José Buendía Hegewisch
La fuerte descalificación presidencial al INE abre una carrera electoral desbocada que, a un año de las urnas, termine por hacerse insensible al freno y dispararse. Las expresiones de López Obrador tienen el poder de encenderla anticipadamente y el discurso de polarización desgastar las condiciones para la viabilidad del juego democrático limpio. Los riesgos del poder retórico deben estar atados a un límite contra los excesos. Ése es el mayor reto, paradójicamente, de la autoridad electoral para cumplir su función de “guardián” de la competencia si logra sostenerse como el cable de mejor calidad para sujetar las palabras del mandatario. ¿Es posible?
La confrontación verbal sube de tono y marca una escalada en los escarceos tácticos hacia los comicios intermedios de 2021, cuando formalmente no han arrancado. La narrativa presidencial parece anclada en la animadversión por las denuncias de fraude en 2006 y 2012, aunque la alineación del INE es diferente y no permanece ningún consejero de esos años. También vuelve sobre el costo del “aparato electoral más caro del mundo”, pero su discurso trasmina desconfianza en su presidente, Lorenzo Córdova, por creer —como en otros casos— que lo endosaron los acuerdos PRI-PAN del pasado. Por eso se ofrece como “guardián” de que los recursos públicos no se usen para favorecer candidatos o partidos, lo que corresponde hacer precisamente a la autoridad electoral.
Pero si algo ha encarecido a la democracia mexicana es la falta de confianza en la equidad y limpieza electoral. A eso debe en buena medida el engrosamiento presupuestal del INE, que podrían recortarse si hubiera seguridades mutuas de caminar en la misma dirección. Todos los gobiernos anteriores lograron capturar o partidizar órganos autónomos como el INE para influir en sus decisiones. Éste tampoco ha sido la excepción, aunque con una confrontación que suele dejarlos expuestos al fracaso. ¿Es parte de una estrategia electoral?
El Presidente atizó como candidato las denuncias de fraude, pero mucho más grave es que ahora esparza la duda desde la narrativa oficial sin contención ni poner el “trauma” de 2006 en sus justos límites. López Obrador reclama su derecho a opinar como cualquier ciudadano, sin serlo, y contar con facultades legales para supervisar los recursos a estados o pedir a los ciudadanos que denuncien malos manejos por parte de los gobernadores. Su poder narrativo puede ocasionar grandes daños al funcionamiento del INE, si además se acompaña de mensajes que polarizan la contienda.
La incomodidad presidencial se explica desde el INE por su rechazo a los contrapesos y a los límites a la voluntad del Ejecutivo. Temen que agitar el discurso del fraude sea un recurso para explicar una eventual derrota con la pérdida del Congreso, como comienza a apuntar la caída en la intención de voto hacia Morena. Pero la estrategia de polarizar la elección y reclamar “dados cargados” en su contra también es riesgosa, porque fortalece los argumentos de sus adversarios de atacar a la autoridad electoral por un talante autoritario y generar inestabilidad política.
La confrontación, hasta ahora, es discursiva y no hay ningún planteamiento de reforma, que, además, tampoco permitirían los tiempos constitucionales del proceso electoral. No obstante, subyace la lectura binaria del tiempo de definiciones que el Presidente estableció, como “estar o no con la transformación” de su proyecto político. La lucha por 2021 pasa por la renovación de la Cámara de Diputados, la mitad de las gubernaturas (15 estados), congresos locales en 30 de las 32 entidades y 2,000 ayuntamientos, un abanico suficiente para acotar sus márgenes de actuación en la segunda mitad de su administración y debilitar su posición hacia la consulta de revocatoria de mandato en 2022.
En la mesa lo que si está es la sustitución de tres consejeros electorales que pueden ser piezas clave en la necesidad de asegurar el enorme avance de su partido en el control del Congreso desde la última elección. En la polarización del discurso, la dirección del INE proviene de alianzas de la vieja hegemonía del PAN y del PRI, cuando Morena estaba aún en la oposición. ¿Éste es el fondo de su desconfianza? Hoy, a las personas cercanas a López Obrador que tripulan el proceso les convendría valorar la dificultad de estar en la partida y, a la vez, deslegitimar el juego.
