Redacción

Un grupo de siete soldados de las Fuerzas Militares de Colombia confesó ayer que violó sexualmente a una niña indígena de esa nación, de 13 años, en un caso que sacudió a ese país y aceleró el desprestigio de la estructura castrense por las atrocidades contra los derechos humanos que se le atribuyen desde hace más de medio siglo.

La etnia embera katío reaccionó ofendida y exigió sin éxito la entrega de los militares confesos a su comunidad para juzgarlos y castigarlos bajo los términos de las leyes aborígenes por la agresión a una de sus integrantes.

“Colombia es una sociedad enferma”, lamentó Lina Arbeláez, directora general del (estatal) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ante la violación a la menor, que ocurrió el pasado lunes en una aldea del centro-occidental departamento (estado) de Risaralda.

“Condenamos este hecho atroz”, dijo al presidente de Colombia, Iván Duque, en un programa televisivo en público con el mandatario.

El gobernante advirtió que “si nos toca inaugurar” con los soldados una ley aprobada el 18 de este mes para imponer cadena perpetua a violadores de niños y niñas, “lo hacemos”.

Al informar que dialogó sobre el grave incidente con el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército de Colombia, aseguró que “fui muy claro: nosotros, como colombianos, tenemos que castigar ejemplarmente esta conducta de estos miserables” y “sin contemplación alguna.

“Hecho doloroso, bochornoso e inadmisible”, recalcó.

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, confirmó tras una audiencia judicial que los siete —seis como participantes activos y uno como cómplice— aceptaron los cargos de acceso carnal violento con una menor de 14 años, y que permanecerán presos en un sitio de reclusión para militares.

La violación a la joven indígena se convirtió en un nuevo y dramático episodio de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia.

Por día, 42.62 agresiones

Un informe que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia suministró ayer reveló que, de enero a mayo de 2020, 6 mil 479 personas de cero a 17 años —5 mil 422 mujeres y mil 57 hombres— sufrieron alguna agresión sexual en ese país, a un promedio de 42.62 por día.

Las fuerzas castrenses volvieron a recibir acusaciones de violar los derechos humanos en una nación golpeada por más de 55 años de guerra con las guerrillas de izquierda y de derecha, así como por décadas de choques armados con las redes de narcotráfico y otras modalidades de la delincuencia organizada y bandas criminales.

Al destacar “la valentía y la entrega” de la Fuerza Pública, que incluye a policías y a militares, y proclamarse como su “defensor”, Duque admitió que “no puede ser que unos pocos miserables que deshonran el uniforme, cometan este tipo de atrocidades”.

Para el abogado colombiano Reinaldo Villalba, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París, “desgraciadamente la violación de la niña indígena no es un hecho aislado: hace parte de una sistemática y generalizada práctica del ejército de violar los derechos humanos”.

Al subrayar que el aparato militar quedó “involucrado en muchísimos crímenes”, Villalba recordó a este diario lo sucedido con “los falsos positivos”, por ser “ejecuciones extrajudiciales para matar gente inocente y joven y presentarlos como muertos en combate”, siendo civiles sin beligerancia bélica izquierdista ni violenta.

La agresión contra la joven de 13 años causó “gran alarma social” e indicó que “se requiere una reforma profunda de la Fuerza Pública que debe empezar por su formación: prohibir y proscribir todas las doctrinas, como la de ‘seguridad nacional’, que animan la violación de los derechos humanos y que consideran como enemigo interno al que piensa diferente, como a la población civil”, puntualizó.