#Lozoya, el elefante y la justicia

por José Buendía Hegewisch

El elefante de Odebrecht está en medio de la sala…quién sabe si la justicia lo pueda llevar a la jaula. El hervidero de expectativas es suficiente para persuadir al mundo político que Emilio Lozoya y otros extraditables abrirán en México un maxiproceso como Manos Limpias, en Italia, o Lava Jato, en Brasil. La operación pudo calcularse hace tiempo en el reloj político del gobierno, pero la destrucción a la salida del túnel negro del covid-19 deja poco espacio a la 4T para consolidar su proyecto en las elecciones de 2021 sin ir a fondo contra la corrupción de gobiernos anteriores.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, predice un “temblor político” por las revelaciones del exdirector de Pemex sobre sobornos a legisladores y políticos para aprobar la Reforma Energética y como único detenido por Odebrecht del equipo de Peña Nieto. El epicentro del “sismo” son 18 horas de video como parte de su acuerdo de colaboración con la justicia. ¿Cuántos temen hoy aparecer en esas cintas? Si así fuera, echarían por tierra la esperanza del presidente del PRI, Alejandro Moreno, de que los casos de corrupción sean sólo individuales. Y, por el contrario, lo convertirían en un juicio a las redes de corrupción de toda una época de los últimos gobiernos del PAN y el PRI, incluso con castigos ejemplares a Luis Videgaray o al expresidente, como pide Morena.

Aunque la mesa está servida, del plato a la boca se cae la sopa. El primer tiempo obliga respeto al debido proceso y a las garantías legales de toda persona según la ley. Pero los términos de la negociación para su extradición de España son opacos, como se ha dejado ver desde su rocambolesca llegada a México. Las versiones erráticas de la Fiscalía sobre su traslado al Reclusorio Norte y luego su ingreso a un hospital privado dan muestra no sólo de un trato privilegiado, como el que tuvo con Peña Nieto otro “pez gordo”, Elba Esther Gordillo, sino también de la indeterminación de su situación jurídica. Lozoya ha sido acusado de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa en México, pero hay indefinición de si comparece ante la justicia como indiciado o testigo colaborador, como lo llama López Obrador. Ésta es una figura legal (Ley Federal para la Protección de Personas en el Proceso Penal) y le brindaría protección oficial e, incluso, rendir testimonio sin pisar la cárcel.

El Presidente ha pedido al fiscal transparencia sin violar el debido proceso. Para ello, lo primero es conocer su estatus jurídico y los cargos en su contra, pues de presentarse como acusado, y no como testigo protegido, se tendría que acoger al criterio de oportunidad y delatar tramas de corrupción de sus superiores por delitos más graves en casos como los sobornos en la campaña de Peña Nieto por parte de la constructora brasileña (Odebrecht) o de corrupción en Pemex cuando ocupó su dirección para obtener beneficios. ¿Qué negoció la Fiscalía con Lozoya? Ninguna restricción impide a Gertz dar a conocer la situación jurídica e imputaciones contra Lozoya, pero su silencio y el aislamiento del extraditado 10 días en un hospital, ensucian el proceso.

El segundo tiempo depende de que las pruebas sean judicializables, más allá del litigio mediático de sus denuncias. La mera amenaza de las grabaciones sirve para disuadir a legisladores y políticos de aparecer en las cintas, aunque el alcance del proceso sea todavía indeterminado. El gobierno, por distintas vías —la FGR, la UIF y la SFP— ha investigado al mundo de la política por “moches” o sobornos en obra pública en un modelo que sirvió a muchos para amasar fortunas con recursos del erario. Sus investigaciones, muchas veces descoordinadas, son armas poderosas para repeler y neutralizar opositores, pero no necesariamente para ir a fondo contra las mafias. El marco jurídico, como ha reconocido el fiscal Gertz, es una limitante, pero él debe transparentar el caso porque si se frustraran las expectativas de juzgar mafias, la bandera del combate a la corrupción y la justicia volverían a despeñarse. Lozoya es el único detenido en México por Odebrecht, mientras que en Latinoamérica ha barrido con media docena de presidentes. Aquí nunca hemos tenido experiencias como Lava Jato, la cual conmocionó a la clase política brasileña, o Manos Limpias a los italianos. ¿Llegó la hora?

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